Denuncia contra el Gobierno canario en Fiscalía por dejar a miles de niños sin atención temprana

Cansados de esperar por la actuación política y ante la situación «insostenible» por la falta de atención pública a los niños y niñas de 0 a 6 años de las islas con problemas de desarrollo o en riesgo de sufrirlos, varias asociaciones denunciaron ayer al Gobierno canario ante la Fiscalía por incumplir la Ley de Atención Temprana en el archipiélago. La realidad es, afirman, sangrante: en las islas hay más de 9.000 menores en lista de espera y los únicos dos centros de la casi inexistente red pública apenas atiende a una treintena de pequeños.

La denuncia presentada en la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife es un último recurso ante la falta de respuestas de la administración y el incumplimiento de las promesas, destaca Miguel Llorca, de la Plataforma de Atención Temprana (Patdi Canarias), una de las organizaciones que han recurrido a los tribunales junto a la Asociación de Prematuros de Tenerife, el Colegio Profesional de Terapeutas Ocupacionales de Canarias, la Federación de Asociaciones de Personas Sordas de las islas, la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias, la Asociación Down Tenerife y el Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad del archipiélago.

Los firmantes de la denuncia destacan que Canarias está incumpliendo varios artículos de la Ley de Atención Temprana, aprobada en marzo de 2019, con el retraso en la creación de una red pública como primera demanda. Actualmente solo hay dos centros, uno en Las Palmas de Gran Canaria y otro en Santa Cruz de Tenerife, que atienden «a 16 niños cada uno». La ley recoge la creación de once unidades en siete islas y, según el compromiso de la administración, ya deberían estar en funcionamiento otros cuatro centros en el archipiélago.

A pesar de que esta atención está dirigida a niños y niñas de 0 a 6 años, la falta de servicios hace que ahora en las islas solo se atienda a una minoría de menores de 0 a 3. «Estamos cansados de esperar, de que no se cumpla lo que dice la ley y lo prometido y no se atienda los derechos y necesidades de estos niños», añade Llorca.

Las asociaciones, que han pedido al presidente canario Ángel Víctor Torres una reunión para abordar el problema, denuncian también en un escrito conjunto la «absoluta descoordinación entre las tres consejerías con responsabilidad en la atención de los menores», Sanidad, Derechos Sociales y Educación.

Destacan que se está incumpliendo lo estipulado en la ley en cuanto a la derivación y seguimiento en las unidades de Atención Temprana, «ya que la instrucción dictada por el Servicio Canario de Salud no se ajusta a lo recogido en la ley y ocasiona un considerable retraso para que el menor pueda empezar a recibir los apoyos que precisa debido a las listas de espera en el circuito de derivación planteado».

También señalan que falta contratar personal y cuando se hace se incumple la normativa en cuanto a la composición de las unidades que dan esta atención a los niños y niñas con problemas de desarrollo: «El procedimiento de selección del personal que constituye las UAT actuales no se ajustó a los requerimientos establecidos en la ley (cursos de especialización de postgrado específico y/o cinco años de experiencia profesional) y faltaría incluir, dentro del equipo básico al psicomotricista y al profesional de Trabajo Social».

Critican además en su comunicado la «inexistente la coordinación interdisciplinar, sin establecer el sistema de información compartido dependiente del Servicio Canario de Salud».

Por último, incluyen en la denuncia el incumplimiento de la ley en lo relativo a la creación de la Comisión Técnica de Atención Temprana, «que debería haberse constituido en noviembre de 2019 y que tiene entre otras funciones la elaboración de protocolos de detección valoración, diagnóstico, coordinación, derivación, intervención, seguimiento e intercambio y registros de información y proponer la aprobación del Plan Integral de Atención Temprana a la Consejería de Sanidad».