El decreto de dependencia entra en vigor con críticas de los trabajadores sociales
El Gobierno regional defiende la necesidad de simplificar el trámite para reducir los tiempos de espera de las resoluciones, que rondan los 543 días
El decreto que establece un único procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las correspondientes prestaciones entró en vigor este lunes. La medida ha sido criticada por los Colegios Profesionales de Trabajo Social de Canarias, que consideran que supondrá un retroceso porque la carga administrativa se trasladará desde la administración a las personas solicitantes.
Desde el Gobierno regional se argumenta que la regulación se ha modificado con el objetivo de simplificar los trámites para reducir los tiempos medios de espera en el reconocimiento de los derechos y ayudas, que en Canarias rondan los 543 días, es decir, casi año y medio.
En este sentido, la directora general de Dependencia del Gobierno de Canarias, Concepción Ramírez, señaló que la nueva fórmula simplifica el procedimiento de tal forma que los técnicos, en lugar de tener que hacer dos visitas domiciliarias para efectuar cada trámite, solo tendrán que realizar una para determinar el grado de dependencia y los servicios o prestaciones que correspondan a los solicitantes con «todas las garantías de la ley».
Dos trámites en una sola visita
Según los Colegios Oficiales de Trabajo Social de Las Palmas y de Santa Cruz de Tenerife, esta reducción de las visitas burocratiza aún más el proceso, trasladando la carga administrativa a las personas solicitantes, quienes deberán aportar información económica, sanitaria y familiar detallada, incluso antes de ser reconocidas como dependientes.
Sobre esta cuestión, Ramírez explica que es necesario recabar esta información para determinar la capacidad económica del solicitante y, de este modo, poder establecer las cuantías o los servicios a los que tiene derecho. En todo caso, aclara que facilitar esta información no supondrá una sobrecarga para el solicitante porque la administración podrá recabarla con su preceptiva autorización. «Si un ciudadano no quiere hacer este trámite, la administración puede obtener los datos de la persona solicitante. No es un trámite complejo sino completo», afirma la directora general.
Un aspecto que inquieta a los trabajadores sociales es que el nuevo procedimiento exige que las familias elijan directamente los servicios o prestaciones, lo que aumenta el riesgo de decisiones mal informadas. Un asunto que, según Ramírez, no debe ser motivo de inquietud porque los solicitantes estarán debidamente asesorados. «No hay que explicar 48 opciones, en el Programa Individual de Atención solo hay cinco servicios y tres prestaciones», dice.
Impulso para hacer efectivas las ayudas
Otro punto crítico es que, una vez aprobada una prestación, se fija un plazo máximo de tres meses para comenzar a usar el servicio asignado, bajo amenaza de perder el derecho si no se justifica la demora, lo que, según los profesionales, suma presión y constituye «maltrato institucional» hacia un colectivo ya vulnerable.
Sobre este asunto, Ramírez aclara que bastará una llamada telefónica o un escrito a la Dirección General de Dependencia para aclarar los motivos por los que no se ha hecho efectivo un servicio o prestación en este plazo. El objetivo de la medida es evitar que los beneficiarios de las ayudas no las usen.
«Canarias tiene actualmente 8.000 prestaciones no efectivas», comenta Ramírez, quien afirma que se ha contratado un servicio externo para llamar a estas personas y asesorarlas para que hagan uso de las ayudas contratando los servicios que necesitan. «A las personas que están en lista de espera de un servicio público nunca se les va a quitar la prestación. Somos conscientes de las largas listas de espera de las plazas residenciales públicas», apunta.
7.657 solicitantes estrenarán la nueva fórmula
Las 7.657 solicitudes que esperan por el reconocimiento de grado de dependencia (6.437 formuladas en la provincia de Santa Cruz de Tenerife y otras, 1.220 en Las Palmas) se tramitarán con el nuevo decreto, indicó ayer la directora general de Dependencia, Concepción Ramírez. Estas solicitudes están siendo revisadas en estos días para requerir a los peticionarios toda la documentación a fin de calcular la capacidad económica de los demandantes de las ayudas. Hoy saldrán las primeras resoluciones de grado y prestaciones tramitadas con la nueva fórmula
