Canarias está al límite «por la vulneración de los derechos de la dependencia»
La Plataforma de Residencias Públicas y Dignas para Mayores y Discapacitados de Canarias denuncia la incapacidad institucional para atender a las personas más vulnerables
La Plataforma de Residencias Públicas y Dignas para Mayores y Discapacidados de Canarias expresó este viernes su indignación ante la «incapacidad» del Gobierno de Canarias para atender a las personas dependientes de las islas. «Hemos convocado a los medios en la Dirección General de Dependencia para decir basta ya, hasta aquí hemos llegado con la mala gestión del sistema de dependencia», explicó ayer la portavoz del colectivo María Rosa Pulido.
La plataforma ciudadana entiende que la mala gestión del sistema para el reconocimiento de la dependencia y la concesión de prestaciones supone una vulneración de los derechos humanos de los grandes dependientes y las personas con discapacidad de Canarias.
«La denuncia pública del Observatorio Español de la Dependencia sobre la situación de Canarias es demoledora: con una lista de espera de 36.000 personas, 32.000 personas fallecidas sin recibir la atención que pedían, de las que casi 1.000 murieron en los primeros cuatro meses de este año», recalca Pulido sobre unos datos que sitúan al archipiélago como la comunidad que más incumple la Ley de Dependencia.
El colectivo lleva tiempo alertando del sufrimiento que arrastran los más vulnerables por no poder acceder a la atención que precisan. Sin embargo, no han podido expresar sus demandas al presidente del Ejecutivo regional, Fernando Clavijo, al vicepresidente, Manuel Domínguez, y a la consejera de Sanidad, Esther Monzón, pese a que llevan más de un año solicitándole una reunión.
«Lo hemos reclamado varias veces por escrito al Gobierno canario y a través de la Diputación del Común», indica Pulido sobre un gesto que pone de relieve la desidia para abordar un asunto de extrema gravedad para miles de familias canarias. «En Canarias hay una gran dejadez y se está vulnerando el artículo 25 de la Carta de los Derechos Humanos», afirma Pulido sobre la desprotección que sufren los isleños más vulnerables.
A la mala gestión de la dependencia, se suma la paralización del segundo Plan de infraestructuras Sociosanitarias de Canarias. «Estamos en 2025 y no hay abierta ninguna nueva residencia pública», señala Pulido que resalta que, pese a las grandes necesidades de la población, hay residencias y centros de día en Gran Canaria terminados y pendientes de abrir.
Otro aspecto en el que la plataforma ciudadana pone el foco es en la falta de personal de la Dirección General de Dependencia, tal y como han denunciado los colegios profesionales de Trabajo Social de Canarias.
