Una adolescente, en su habitación. / R. C.

Los coordinadores contra el maltrato y los abusos llegan a las escuelas

La creación de juzgados de violencia contra la infancia es la gran asignatura pendiente en el primer aniversario de la ley

Alfonso Torices
ALFONSO TORICES Madrid

Gobierno y autonomías van a cumplir uno de los puntos clave de la ley de protección a la infancia y la adolescencia contra todo tipo de violencia justo cuando se cumple el primer aniversario de la norma más consensuada, apoyada y aplaudida por todo el arco parlamentario salvo Vox.

Todos los colegios e institutos dispondrán desde septiembre de un coordinador de protección, el docente que debe garantizar que existen y funcionan en el centro protocolos de detección precoz y actuación contra el acoso escolar, el maltrato, las agresiones sexuales o la extorsión digital, se produzcan en las aulas o en el ámbito privado y sean obra de otros alumnos o profesores, de familiares o de desconocidos. Será el encargado de dar a conocer sus derechos a los estudiantes, su referente a la hora de contar un ataque y el enlace con autoridades y policía si la agresión lo exige.

El plan acordado por los ministerios de Derechos Sociales y Educación y las consejerías incluye que el próximo curso también habrá delegados de protección en todos los clubes, asociaciones e instalaciones deportivas y de ocio que trabajen habitualmente con menores. Sus obligaciones son casi idénticas a las tareas del coordinador escolar.

Las ONG piden celeridad para formar a sanitarios, policías y trabajadores sociales

Ambas figuras, según lo dispuesto en la ley, deberían funcionar ya desde las navidades pasadas, pero en este caso, como en casi todos, los plazos de ejecución de las leyes no se cumplen, no al menos al pie de la letra. También va con retraso otro elemento clave del nuevo sistema de protección. El Ministerio de Justicia debería haber enviado ya al Congreso sendos proyectos de ley, el primero para crear los juzgados en violencia contra la infancia (a imagen y semejanza de la violencia machista) y el segundo para dotar de igual especialización a la Fiscalía. Las dos normas deben acompañarse de un plan de implantación de unidades de valoración forense en esos juzgados (médicos, psicólogos y trabajadores sociales), técnicos indispensables para asegurar el mandato de prueba preconstituida (una sola declaración del menor) y no revictimización que exige la norma a la justicia.

La ley, que Gobierno y ONG coinciden que coloca a España a la cabeza mundial de la protección a la infancia, paralizó desde su entrada en vigor la prescripción de los delitos hasta que la víctima tenga 40 o 50 años, impuso la obligación de denunciar los abusos a familiares y profesores y retiró la tutela y las visitas a los padres agresores. Busca romper la coraza de opacidad y silencio que oculta la violencia y los abusos contra los menores, que en el 80% de casos se dan en el ámbito familiar, que se callan el 85% de las veces, y que si se denuncian tardan décadas en hacerlo, por el 'shock' emocional y la dependencia de las víctimas.

Pasar del BOE a los hechos

El Gobierno, en estos doce meses, puso en marcha la conferencia sectorial, el Consejo Estatal de Infancia, diseña junto a las autonomías una estrategia nacional de implantación, inició un programa para evitar la explotación sexual en centros de menores, protegió los derechos de los inmigrantes adolescentes sin papeles en los exámenes de edad, y ha favorecido la investigación oficial de los abusos en al Iglesia.

Las ONG de infancia, en general, valoran el esfuerzo hecho para desarrollar la ley, pero también urgen a Gobierno y autonomías a pisar el acelerador en tres aspectos: los juzgados especializados, la formación específica a policías, sanitarios, jueces y trabajadores sociales para la detección precoz y la intervención, y la multiplicación de las campañas de sensibilización ciudadana.

La más crítica es Save the Children. «Hay que pasar del BOE a los hechos. Si queremos acabar con el maltrato infantil necesitamos que la ley se ponga en práctica ya. Sin ella no se puede avanzar en la erradicación de la violencia, ni garantizar que crezcan en entornos seguros», señala su directora de Incidencia Social y Política, Catalina Perazzo. Para la Plataforma de Infancia, que engloba a 75 grandes ONG, «hay que seguir aunando esfuerzos para involucrar a la sociedad en la erradicación de esta violencia».

Almudena Olaguibel, de Unicef, detecta un interés general por unir esfuerzos para aplicar ya las reformas. «Percibimos movimiento en torno a la necesidad de cambiar ciertas formas de actuar y de coordinarnos. Hay muchos actores implicados y están surgiendo muchas conversaciones y reflexiones compartidas, así como peticiones de espacios donde compartir información y maneras de hacer».