El Congreso aprueba castigar con cárcel el acoso a las clínicas abortistas

Toda la izquierda parlamentaria, los nacionalistas y Ciudadanos, prácticamente el 60% de los escaños, cerraron este jueves filas para introducir el nuevo delito en el Código Penal que, una vez sea ratificado por el Senado, castigará con penas de prisión de tres meses a un año cualquier acoso de los activistas autodenominados «provida» a mujeres y profesionales. Estas coacciones serán perseguibles con o sin denuncia de la embarazada. El objetivo es blindar «la libertad, seguridad e intimidad» de la embarazada y el libre ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos. La reforma, impulsada por el PSOE, que inicialmente estaba restringida a la mayor protección legal de las embarazadas, fue completada durante la tramitación con una enmienda pactada con Unidas Podemos, ERC, Ciudadanos y PNV que consideraba igualmente delictiva la obstrucción al trabajo del personal de las clínicas.

Solo el PP y sus socios electorales (UPN y Foro) y la Vox se han opuesto al encarcelamiento. Los populares ven un acto de «censura previa», una «mordaza» a inocentes y la intención del «'sanchismo' y la ultraizquierda» de «imponer la ley del silencio con la amenaza de la cárcel». «Pero no nos van a callar», avisó desde la tribuna la popular Teresa Angulo, antes de emular a José María Aznar con el grito: «¡Sánchez, vete ya!». La ultraderechista Lourdes Méndez calificó las clínicas como «centros de exterminio» y la reforma como una iniciativa que favorece «a los que se lucran eliminando a seres humanos» y aseguró que «a partir de ahora será un honor ser considerado delincuente por este Gobierno». El exministro popular Jaime Mayor Oreja, en nombre de la Asamblea de Asociaciones por la Vida, la Dignidad y la Libertad, coincidió hoy con los argumentos de PP y Vox y aseguró que se trata de una norma inconstitucional.

Los socialistas, con unos argumentos compartidos por el resto de grupos, no vieron más que a un PP secuestrado por la ultraderecha, que compite con Vox por la hegemonía conservadora sin importarle para ello «pisotear» los derechos de la mujer y defender a unos «desalmados».

La reforma consta de un artículo único que crea un subtipo del delito de coacciones, la obstaculización del aborto, que será castigado con cárcel de tres meses a un año o, a criterio del juez, con la pena alternativa de 31 a 80 días de trabajos en beneficio de la comunidad. Los condenados, además, y según las circunstancias que concurran en los hechos, pueden recibir una pena adicional de alejamiento. Se les prohibirá acudir a determinados lugares (en este caso los alrededores de las clínicas abortistas) por un tiempo de seis meses a tres años. No obstante, estas dos no serán las únicas penas que puede recibir el autor del nuevo delito. A estos castigos se les sumarían los que «pudieran corresponder a los delitos en que se hubieran concretado los actos de acoso».

El que se convertirá en el artículo 172 quater del Código Penal, indica en su punto primero que se impondrán las penas de cárcel y alejamiento a quien, «para obstaculizar el ejercicio del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, acosare a una mujer mediante actos molestos, ofensivos, intimidatorios o coactivos que menoscaben su libertad».

Dentro de esta amplia casuística parecen encajar los piquetes descritos en el preámbulo legal, pero también la práctica de ecografías en vehículos o el ofrecimiento de cafés, que luego impiden la anestesia y la intervención. El artículo, en su punto segundo, añade que «las mismas penas se impondrán a quien, en la forma descrita en el apartado anterior, acosare a los facultativos o directivos de los centros habilitados para interrumpir el embarazo con el objetivo de obstaculizar el ejercicio de su profesión o cargo».

La reforma responde a una recomendación del Defensor del Pueblo para crear «zonas seguras» que garanticen el libre acceso de las mujeres a estos centros sanitarios, a las directrices dictadas por la Organización Mundial de la Salud, a las quejas reiteradas de las propias embarazadas y a los llamativos datos revelados por un informe elaborado en 2018 por la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo, las que realizan el 90% de los abortos legales, a partir de las entrevistas a centenares de pacientes.

La indagación entre las afectadas concluyó que nueve de cada diez embarazadas que acudieron a abortar a los centros experimentaron «acoso» . Es más, dos de cada tres se sintieron amenazadas por la actuación de los «provida» que, según dijeron, las increparon, insultaron y coaccionaron para que cambiasen su decisión y las hostigaron con proclamas, fotografías, ecografías o fetos de juguete.