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En las islas faltan al menos 8.075 plazas en residencias de mayores. Una cifra que sitúa a Canarias como la quinta comunidad española con menos plazas para mayores en los centros sociosanitarios, por detrás de Andalucía, Valencia, Galicia y Cataluña. Así lo señala un informe de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales que hace el estudio demandando el cumplimiento de la ratio de cinco por cada 100 habitantes mayores de 65 años que establece la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Hace cinco años el Gobierno canario y la Federación Canaria de Islas (Fecai), donde están representados los siete cabildos, firmaron un acuerdo para impulsar el segundo Plan de Infraestructuras Sociosanitarias. La idea era crear 5.466 nuevas plazas. De ellas 4.068 residenciales y otras 398 de centros de día para personas mayores o con discapacidad. El plan era para ejecutar entre 2017 y 2020 gracias a un total de 90 millones, la mitad aportado por el Gobierno regional y la otra mitad por los cabildos. Sin embargo este plan ha sido prorrogado cuatro veces, la última el pasado mes de octubre, lo que traslada su cumplimiento, si no se añaden más addendas de prórrogas, a 2024.
Con todo, aunque Canarias hubiese cumplido con este segundo plan, seguirían faltando otras 4.000 plazas sociosanitarias en residencias, especialmente en las islas de Tenerife y Gran Canaria.
Antes de la pandemia, últimos datos oficiales aportados por los cabildos sobre las lista de espera por una residencia en las islas, 5.341 personas dependientes aguardaban en las islas por un servicio sociosanitario residencial. En Tenerife aguardaban en ese entonces 3.500 personas, mientras que en Gran Canaria demandaban ese servicio 1.400.
A la falta generalizada de plazas residenciales en las islas, se añade el problema de que solo el 41,5% de las existentes, es decir, 4.141 de las 9.979, tienen financiación pública.
En el global del país, el 63,2% de las plazas residenciales son de financiación pública, lo que incluye plazas en centros públicos, plazas concertadas en centros privados y plazas que se financian con la prestación vinculada al servicio la que da derecho la ley de dependencia.
Canarias se sitúa, señala el informe de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, como la región con menos plazas residenciales de financiación pública con un 1,15%, muy por debajo de la media estatal con un 2,65%. Le sigue Murcia, con un 1,42%, valencia y Galicia, con un 1,83 y un 1,86% respectivamente. En el otro lado, Castilla y León y Castilla La Mancha.
En España, según los datos de la Asociación de Directoras y Gerentes de Asuntos Sociales, ha aumentado el déficit de plazas residenciales bajando la ratio de cobertura por cada 100 mayores de 65 años de 4,22 a 4,19 entre 2020 y 2021. Faltan, dice su informe, 75.699 plazas para cumplir con los criterios de la OMS, y al menos 62.000 para atender la demanda actual de personas con dependencia severa o grandes dependientes que están en las listas de espera.
En Canarias, según la última estadística mensual, con fecha de 30 noviembre de 2021, publicado por el Sistema para la Autonomía y Atención ala dependencia (SAAD), del Ministerio de Derechos Sociales, 4.009 personas reciben atención residencial mientras que el doble, 8.036 personas, reciben la prestación vinculada al servicio, es decir, tienen reconocido su derecho a estar en una residencia pero, al no encontrarle plaza pública, reciben una prestación de entre 400 y 800 euros.
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