Un poblado de chabolas en Cataluña. / E. Fontcuberta / EFE

El Gobierno investiga el Ingreso Mínimo Vital

Se crea una comisión para hacer seguimiento a la ayuda que reciben 800.000 familias, pero que rebaja la cuantía media de las ayudas contra la exclusión social

Doménico Chiappe
DOMÉNICO CHIAPPE Madrid

El Ejecutivo quiere saber qué sucede con el ingreso mínimo vital (IMV) y ha aprobado un decreto para crear una comisión de seguimiento, formada por los «tres niveles» de gobiernos implicados: el central, las autonomías y las entidades locales, según anunció José Luis Escrivá, ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, a la salida del Consejo de Ministros. Entre las iniciativas pendientes para evitar la exclusión social está una tarjeta social digital para los beneficiarios y el intercambio de información entre las administraciones de los datos de los solicitantes.

Los resultados del IMV, aprobado en mayo de 2020, están lejos de sus metas. Se benefician de esta medida 799.203 personas, calcula la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, cuando el cometido inicial era de 2,3 millones, como se proponía el mismo Escrivá hace casi dos años.

Otro propósito del IMV era abrir el abanico para llegar a 850.000 hogares en riesgo de pobreza e incluir a familias que no percibían ninguna ayuda, algo que tampoco parece superar el sistema de las comunidades autónomas que ya existía y que en 2020 llegaba a 795.861 personas. «Únicamente un 0,04% es lo que el ingreso mínimo vital habría mejorado la cobertura de las rentas mínimas de las comunidades autónomas», indica el documento que examina datos de los ministerios implicados en los derechos sociales.

EN CIFRAS:

  • 9% de la población bajo el umbral de pobreza en España se beneficia de las ayudas contra la exclusión social, como el Ingreso Mínimo Vital (IMV) que llega a casi 800.000 personas, indica un análisis de la Asociación de Directores de Servicios Sociales.

«Sólo el 9% de la población bajo el umbral de la pobreza en España se ha beneficiado de las rentas mínimas», cuya cuantía media, además, ha perdido dos puntos en dos años si se compara con la renta media por hogar. Ha pasado del 17% al 15% en este periodo, «condicionado probablemente por la aparición del ingreso mínimo vital», mantiene esta organización. En su proyecto del IMV, el Gobierno definió como personas en el umbral de pobreza alta o extrema a las que tenían ingresos menores a 4.300 euros al año. Según el análisis, han quedado sin «gestionar» unos 1.000 millones de euros en 2020 de una partida anual de 3.000 millones.

La comisión anunciada tiene el objetivo de evaluar la normativa sobre IMV en las comunidades, donde el mecanismo funciona de forma irregular, junto a otro tipo de rentas de inserción social. Impedido por un procedimiento que debe ser «simplificado» puede pasar del 60% de personas vulnerables que reciben ayudas en País Vasco y Navarra –que reclaman la transferencia de competencias, algo que ya «analiza» el despacho de Escrivá–, hasta «coberturas del 5% en Castilla La Mancha, Canarias y Galicia».