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El conocido como Albagate centrará la atención durante seis sesiones repartidas durante los días 1, 2, 3, 4, 11 y 12 de julio, en las que el magistrado suspendido en sus funciones judiciales de forma cautelar por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tendrá que responder a la acusación de haber urdido un supuesto acuerdo en una reunión secreta con el empresario Miguel Ángel Ramírez –que estaba siendo investigado por la magistrada Victoria Rosell– para perjudicar a esta última, que era rival política en las filas de Podemos de José Manuel Soria, cabeza visible del PP en Canarias.
El Albagate se inició, según el escrito de acusación de la Fiscalía, en mayo de 2016, cuando Miguel Ángel Ramírez entregó a la autoridad judicial una grabación de la reunión mantenida con Alba en el despacho del magistrado el 16 de marzo de ese año. En la misma, que hizo Ramírez sin que Alba se enterara, se pudo escuchar como, presuntamente, ambos llegaban a un «acuerdo corrupto» en el que el magistrado se comprometía a archivar la causa que se seguía contra el presidente de la UD en Instrucción 8 –donde estaba ejerciendo de sustituto– a cambio de que acreditase en una declaración en sede judicial la relación comercial que mantenía con la pareja sentimental de Rosell, el periodista Carlos Sosa, director del medio Canarias Ahora. De esta manera, como así sostienen las acusaciones, obtendría la llave para introducir una causa de nulidad en el procedimiento contra Ramírez al entender que Rosell no había cumplido con su deber de abstención.
Tras esta reunión, Ramírez fue a declarar el 23 de marzo de 2016 y habló sobre las relaciones comerciales que mantenía con Carlos Sosa.
Dicha declaración fue publicada por dos medios de comunicación y fue el preludio de una querella presentada por José Manuel Soria contra la que ya era diputada por los delitos de cohecho y retardo malicioso –que luego fue archivada–, pero que en su momento la obligó a dimitir al incumplir el código ético de Podemos. Dicha querella fue avalada por un informe emitido por Alba en el que informó de presuntas irregularidades en la instrucción realizada por Rosell en el procedimiento contra Ramírez. Durante estos años el acusado ha negado siempre los hechos y ha defendido que la grabación era nula, su voz no se reconocía en la misma y todo su proceder había sido totalmente legal.
Serán seis intensas jornadas con multitud de testigos que determinarán la culpabilidad o inocencia del magistrado Salvador Alba.
Fiscalía. Estará representada por Vicente Garrido y pide 10 años de prisión, 29 de inhabilitación, 40.500 euros de multa e indemnización.
Victoria Rosell. La jueza en excedencia ejercerá la acusación particular e interesa 13 años y medio de prisión, 42 años de inhabilitación, 118.000 euros de multa y 80.000 de indemnización. Estará defendida por Antonio Marrero.
Podemos. Figura como acción popular y pide 13 años y tres meses de cárcel, 39 y medio de inhabilitación y multa de 135.000 euros. La abogada es Sandra Rodríguez.
Carlos Sosa. El periodista también está como acción popular y pide 12 años de prisión, 39 y medio de inhabilitación y 103.000 euros de multa. El abogado es Luis Val
Salvador Alba. El acusado, que será representado por González Cuéllar y por él mismo, pide su libre absolución.
Lunes, 1 de julio:
Cuestiones previas, interrogatorio del procesado y prueba testifical.
El primer día del juicio servirá para que las partes planteen sus cuestiones previas a partir de las 9.00 horas. Se prevé que la defensa de Salvador Alba plantee en este trámite aspectos como podrían ser la vulneración de algún derecho fundamental, la nulidad de determinadas actuaciones o la propuesta de nuevas pruebas o testigos, cuestiones estas últimas sobre las que el tribunal deberá decidir su utilidad o pertinencia. La cuestiones previas podrán ser resueltas en el mismo acto o en sentencia. Tras este trámite se procederá al interrogatorio del acusado. Por la tarde está previsto que, a las 15.00 horas, comience la prueba testifical con la declaración del empresario Miguel Ángel Ramírez –autor de las grabaciones que dieron origen a este procedimiento y, una hora más tarde, su abogado Sergio Armario –presente en las reuniones entre Ramírez y Alba–.
Martes, 2 de julio:
Evangelina Ríos, Victoria Rosell y siete testigos más.
La segunda jornada de esta vista oral arrancará a las 9.00 horas con la declaración en calidad de testigo de Orlando Esteban, primo de Ramírez, jefe de sistemas en Seguridad Integral Canaria (SIC) y quien recibió el USB con las grabaciones y lo introdujo en un ordenador para volcar los archivos. A continuación le toca el turno al guardia civil encargado de hacer la transcripción de la grabación entre Alba y Ramírez para pasar a las 10.00 con Miguel Luis Juanes, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de Instrucción número 8 cuando estuvieron tanto Rosell como Alba. A las 10.30 será el turno de la fiscal delegada de delitos económicos para la provincia de Las Palmas, Evangelina Ríos, quien en abril de 2014 asumió la representación del Ministerio Público en la causa contra Ramírez ante Instrucción 8 por fraude a la Hacienda Pública y a la Seguridad Social. A continuación pasarán por el estrado Cristina Victoria Rodríguez y José Luis Risquete. La primera es la letrada de la Seguridad Social personada en el procedimiento en el que se investiga a Ramírez, Héctor de Armas y a SIC y el segundo es el abogado del Estado personado en el mismo caso y que actúa como representante legal de la Agencia Tributaria. A las 12.00 está citada Paloma del Amo, abogada del sindicato USO que está personado como acusación particular en el procedimiento 644/2014.
Por la tarde y desde las 15.00 horas, se reanudará la sesión con otro de los puntos de interés como es la declaración de la magistrada en excedencia y actual diputada por Podemos, Victoria Rosell. Era la magistrada titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria y está personada como acusación particular al entender que Salvador Alba maniobró para perjudicar su carrera política y judicial. A continuación y para terminar el día, comparecerá Juan Antonio Lloret, informático de la empresa Fujitsu que supervisa el programa Arconte que permite el acceso a los profesionales de la justicia al catálogo de procedimientos judiciales en los que han participado.
Miércoles, 3 de julio:
Empezarán por Fernando Lázaro y acabarán con Emilio Moya.
La jornada dará comienzo a las 9.00 horas con la declaración por videoconferencia del periodista del diario El Mundo Fernando Lázaro, al que se le preguntará por la información que publicó acerca de la declaración de Ramírez del 23 de marzo de 2016. Le seguirá en este orden el periodista de La Provincia, Manuel Reyes; el funcionario de auxilio judicial de Instrucción 8, Serafín Croissier; el funcionario de tramitación que lleva el 644/2014 contra Ramírez y su entorno, Lina Sánchez; la funcionaria de tramitación de Instrucción 8 y secretaria general y miembro del Consejo Ciudadano Municipal de Las Palmas de Gran Canaria por Podemos, Leonor Castro; la funcionaria gestora de Instrucción 8, Itziar Santana y el jefe de seguridad de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia encargado de la Ciudad de la Justicia, José Romero. Más allá de las 11.00 horas están citados los agentes de seguridad de guardia el 16 y el 23 de marzo del año 2016 cuando se produjeron las grabaciones y, tras ellos, declarará ante el Tribunal Carlos Sosa, director del periódico digital Canarias Ahora y pareja sentimental de Victoria Rosell desde el año 2009. Según consta en autos, el 23 de marzo de 2016, tras la conversación secreta del día 16 entre Alba y Ramírez, este último presentó ante el juez, en declaración como investigado, unos contratos firmados entre los años 2003 y 2008 que demostrarían relaciones comerciales entre Sosa y el dueño de SIC, antes de que Rosell dejara el juzgado para concurrir a las elecciones. Está personado como acusación particular.
Por la tarde, a las 15.00 horas se iniciará la sesión con el turno de Héctor de Armas, que fuera administrador del grupo Ralons y administrador único de Seguridad Integral Canaria. Media hora más tarde se presentará ante el tribunal el magistrado presidente de la Audiencia Provincial de Las Palmas, Emilio Moya, que aparece en la grabación que da origen al Albagate.
Jueves, 4 de julio:
El resto de testificales.
Este día está reservado para continuar la prueba testifical en el caso de que no se hubiera acabado con los interrogatorios el día anterior y para los nuevos testigos que pudiera aportar alguna de las partes en las cuestiones previas.
Jueves, 11 de julio:
Periciales.
Será el día para que comparezcan los peritos. Los primeros serán dos agentes pertenecientes al departamento de Ingeniería del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil, a las 9.00 horas. A continuación hará lo propio Jonathan Hellín, propuesto por el encausado y la Fiscalía, para finalizar con Jesús María Vega, especialista del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Santa Cruz de Tenerife y que ha sido propuesto por el Ministerio Público, la acusación particular y Podemos. Esta jornada también podrían declarar otros peritos propuestos por las partes en las cuestiones previas del primer día.
Viernes, 12 de julio:
Conclusiones e informes.
El último día estará reservado para las conclusiones y la lectura de los informes. Aquí elevarán a definitivas o modificarán sus calificaciones todas las partes y, a continuación, Fiscal, acusaciones y defensa ofrecerán sus argumentos al Tribunal tras la práctica de la prueba.
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