8 años de cárcel al grancanario que se hizo ‘rey de la sombra’ en Ibiza

El Supremo ha desestimado el recurso del grancanario Mahy Marrero contra la sentencia que en 2016 le condenó a ocho años de cárcel por intentar traer a las islas 490 kilos de coca. El año pasado, Marrero fue adjudicatario de la mayor parte de los servicios de playa de Ibiza.

ANTONIO F. DE LA GÁNDARA

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha desestimado los recursos de casación interpuestos por el empresario grancanario Mahy Marrero Sosa, de 48 años, y por su suegra María del Carmen Díaz Pérez –cuya edad no consta– contra la sentencia de la Sección Primera de la Audiencia de Las Palmas que el 31 de octubre de 2016 les condenó a ocho y dos años de cárcel, respectivamente, como autores de un delito contra la salud pública –Marrero– y otro de blanqueo de capitales –Díaz–.

La sentencia ahora confirmada por el Supremo señalaba a Marrero Sosa como supervisor de una operación de tráfico de drogas que en el año 2004 intentó introducir en las islas 494,2 kilos de cocaína a bordo del velero Chrisalys, y a María del Carmen Díaz por acceder a figurar como propietaria registral de bienes de los que era propietario Marrero, constando en ocasiones como administradora de sociedades creadas para el ocultamiento de los bienes procedentes del tráfico de drogas.

Marrero y su suegra fueron condenados en el seno de un macroproceso abierto contra 15 personas. Las otras trece, en el momento del juicio oral, se declararon culpables a cambio de una rebaja sustancial en la petición de condena, de suerte que las más graves para los conformados no superaron los tres años y diez meses de prisión, condena que en parte ya habían cumplido como presos preventivos.

En una táctica que a la sazón se ha demostrado como absoluta y fatalmente errónea, Marrero Sosa decidió, en contra del criterio de su propio abogado defensor, no aceptar el pacto que la ofrecía la Fiscalía, declararse inocente y jugársela en el plenario, que acabó declarando probado que fue el interlocutor con los narcos sudamericanos que vendieron la droga en Venezuela y cabecilla de la banda, «asumiendo decisivas funciones dirigentes de supervisión del transporte de la droga».

Subasta en Baleares

Marrero Sosa, otrora propietario de un boyante negocio de deportes acuáticos en Mogán, se adjudicó en subasta pública en 13 de abril de 2016 once lotes en el concurso para la explotación de los servicios –hamacas y sombrillas– de las playas de Ibiza, en el archipiélago balear. Entre otras, logró las concesiones para explotar tres servicios en Platja d´en Bossa, dos en Cala Compte y dos en Cala Carbó. Invirtió 90.300 euros para hacerse con el control de 162 hamacas y 81 sombrillas para explotar durante la temporada del año pasado.

La nada discreta presencia de Marrero en la subasta –un forastero de gran altura, fuerte complexión física y llamativo polo de color rosa sentado en el medio de una sala repleta de veteranos empresarios baleares que se conocían de toda la vida como competidores habituales– levantó ampollas entre los hamaqueros de Ibiza, que le acusaron de reventar las pujas y alentaron en los medios informativos locales las protestas por la escasa claridad del proceso. El ambiente aún se enturbió más cuando trascendió que el rey de la sombra de Ibiza estaba incurso en un proceso penal por tráfico de drogas a gran escala.

Marrero Sosa ingresó en prisión preventiva el 28 de noviembre, el mismo día en el que acudió a la Ciudad de la Justicia a notificarse de la sentencia que ahora ha confirmado el Supremo. Prácticamente fue directo del juzgado a la cárcel.

El ‘caso Chrisalys’

La sentencia que el Supremo difundió ayer cierra el caso del Chrisalys, en el que se condena a una banda de narcotraficantes de 15 miembros (10 canarios, dos venezolanos, un cubano, un austriaco y un alemán) a penas que oscilan entre uno y ocho años de prisión y a multa que suman 143.905.370 euros. El velero fue interceptado el 7 de julio de 2004 a unas 500 millas de Gran Canaria, con 17 fardos que contenían un total de 494,2 kilos de cocaína procedente de Sudamérica y con destino final a Gran Canaria. A los acusados se les intervino un total de 3.768.012 euros y 18 vehículos, muchos de ellos automóviles de alta gama. Todo ha sido decomisado.