2017, ¿una nueva crisis de los cayucos?

Una buena climatología hasta bien avanzado el año y las redadas de la Gendarmería marroquí en los entornos de las fronteras de Ceuta y Melilla explican estas llegadas masivas, que han tocado techos de 600 algunos fines de semana.

De hecho, y a la espera de que concluya el año, noviembre ha sido el mes más intenso, con 5.687 llegadas, muy por encima de las 3.071 de junio o las 2.839 de octubre.

En total, 19.977 inmigrantes accedieron a España hasta el pasado 12 de diciembre, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), que cifra en 8.162 los que lo hicieron en todo 2016.

No obstante, este significativo incremento se produce justo cuando en Europa han descendido a menos de la mitad, pasando de las 363.348 del año pasado, que se repartieron prácticamente entre Grecia e Italia, a 165.409 en 2017, año en el que el país transalpino ha sido el que más presión ha soportado con más de 117.000 entradas.

De la misma manera, mientras 2016 marcó un siniestro récord de muertes en el Mediterráneo, con un total de 5.079 frente a las 3.091 de este año, lo cierto es que en la ruta central, la de España, el número se ha triplicado, pasando de 69 a 206.

Este verano, el 5 de julio, dejaba precisamente la peor tragedia en la última década del Mediterráneo español, cuando 49 personas fallecían en el mar de Alborán tratando de tocar tierra.

Solo unos días después, el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, aseguraba que el Gobierno "hace todo lo posible" por ayudar a estas personas, pero no es su "responsabilidad" que "decidan huir de su país" en pateras que "a duras penas flotan".

Con ello levantaba la enésima polvareda entre las ONG, ya irritadas por otras declaraciones recientes en las que dijo que había que concienciar a estas organizaciones "para que no favorezcan la inmigración irregular", episodio que concluyó con una carta de disculpas del ministro.

Paralelamente, se han disparado un 34 % los intentos de asalto a las vallas de Ceuta y Melilla y el número rondaba los 9.000 en septiembre frente a los 613 del año anterior, según los últimos datos de Interior.

Como el que tuvo lugar el 7 de agosto, cuando 187 inmigrantes consiguieron traspasar la frontera del Tarajal a la carrera y estallaba otra vez la polémica: mientras organizaciones como Amnistía Internacional tildaban de "inaceptable" la actuación policial "a base de patadas y porrazos" a los inmigrantes, las autoridades alegaban la violencia de los asaltantes.

Aunque lejos de la crisis de los cayucos, que acercó a las costas canarias 515 pateras con 31.678 personas a bordo en 2006, y pese a que organizaciones como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) creen que las entradas registradas este año son perfectamente asumibles por nuestro país, la presión migratoria ha conllevado la adopción de medidas excepcionales.

Interior habilitaba en noviembre la prisión de Archidona (Málaga) como Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) para acoger al medio millar de argelinos que arribaron a las costas murcianas en 49 pateras, levantando una vez más ampollas entre las ONG, la oposición e incluso el Defensor del Pueblo.

Y ha sido el modelo de CIE el que ha abierto un debate en torno a su configuración después de los numerosos intentos de fuga, algunos consumados, especialmente en Sangonera la Verde (Murcia) y en Aluche (Madrid).

Fue Zoido y luego su número dos, José Antonio Nieto, quienes lanzaron un guante a los grupos para abordar la reforma de estos centros, aunque de momento no ha trascendido ninguna propuesta concreta. Eso sí, Interior ha anunciado la apertura de tres nuevos CIE en Málaga, Algeciras y Madrid, y ello a pesar de las numerosas voces críticas que vienen exigiendo el cierre de todos ellos.

En paralelo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) condenó a España en octubre por la devolución en caliente a Marruecos de dos inmigrantes en la valla de Melilla sin ser identificados, considerando que fue “una expulsión de carácter colectivo” contraria al Convenio Europeo de Derechos Humanos.

2017 ha sido también el año en el que se materializaba el incumplimiento tantas veces vaticinado del compromiso que adquirió con la UE en 2015 en materia de refugiados, y cuya única consecuencia ha sido la reprobación de Zoido y del ministro de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis.

Así, de los casi 17.337 que tenían que estar en España antes de septiembre -número que después el PP ha rebajado a poco más de 11.200-, tan solo 2.688 lo han conseguido.

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