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A noviembre de 2017, últimos datos disponibles, casi 13.000 personas en Canarias esperan la resolución sobre su situación de dependencia, esto es, aún no les han comunicado si se les reconoce o deniega tal situación. En concreto, 12.971 isleños. Además, otras 9.172 personas integran el llamado limbo de la dependencia pues si bien tienen su situación como dependientes reconocida y, por tanto, su derecho percibir alguna prestación, esperan por su Plan Individualizado de Atención (PIA), que es lo que les permite obtener ayuda económica o de servicios.
A juicio de la directora de Dependencia y Discapacidad del Gobierno canario, Eulalia García, el nuevo decreto que prepara el Ejecutivo «agilizará» esta lista de espera. «El procedimiento [ahora] es largo y engorroso y hay que conseguir simplificarlo y agilizarlo», afirmó.
Precisamente ayer arrancó la mesa técnica que estudiará las alegaciones al proyecto de decreto para reconocer la Situación de Dependencia y el Derecho a las Prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en Canarias que el Gobierno espera aprobar antes de mayo de este año.
Como se recordará, el proyecto de decreto ha sido objeto de duras críticas por parte de la oposición parlamentaria, del propio personal de la Consejería de Políticas Sociales y de los profesionales del sector.
García considera que «algunas» de estas «críticas» se contraponen con la realidad, pues «son cosas que en otras comunidades funcionan». Entre ellas, dijo, cuál es el momento adecuado «de presentar los informes sociales. Nos estábamos guiando por Castilla-León, otros nos apuntaron hacia Castilla-La Mancha, ambos ejemplos son muy válidos porque son comunidades con una población similar a la nuestra, pero con datos muy buenos», afirmó.
Según García, con el nuevo decreto se persigue «resolver todo el procedimiento en un máximo de seis meses». Y para ello no hará falta más personal, sino «colaboradores». La directora general de Dependencia explica que esta colaboración necesaria debe llegar de mano de los ayuntamientos de tal forma que sean las instituciones locales -de forma voluntaria- las que se encarguen de los informes sociales.
«Habrá una época transitoria en que lo que debemos hacer es regularizar la lista de espera para después centrar el esfuerzo de personal en la valoración y conseguir la colaboración de los ayuntamientos para la elaboración de los informes sociales. Tenemos que dedicar nuestro personal casi en su totalidad a la valoración, a diferencia de ahora, que parte de este personal se dedica al Plan individualizado de Atención», dijo García.
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