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1.670 dependientes con derecho a residencia «nunca» lograrán plaza

1.670 dependientes con derecho a residencia «nunca» lograrán plaza

Técnicos de Dependencia denuncian que las personas sin recursos con una prestación de servicio residencial no pueden costearse un centro privado con la ayuda económica que reciben

Jueves, 1 de enero 1970

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Según los datos aportados por los servicios sociales de los siete cabildos insulares en Canarias más de 5.000 personas esperan por una plaza en una residencia pública. Muchas de ellas reciben la conocida como Prestación Vinculada al Servicio, es decir, su Plan Individual de Atención (PIA) derivado del reconocimiento de su dependencia, establece una cantidad económica en tanto no puedan acceder a una plaza residencial. Con ese dinero algunas de estas personas acceden a una residencia privada. Sin embargo, la Consejería de Políticas Sociales tiene cuantificadas 1.670 personas que, aunque reciben esta prestación, no pueden acceder a una plaza privada, con lo que «no habrán recibido ningún tipo de atención real».

Así lo recoge el grupo de trabajo que se conformó para asesorar a la mesa técnica creada para valorar el proyecto de decreto de Dependencia que nunca vio la luz y que el área de Políticas Sociales del Gobierno canario, liderada por Cristina Valido, encargó a una empresa externa por 18.000 euros.

Según este grupo de trabajo, compuesto por dos representantes del Servicio de Dependencia, un técnico de la Unidad de Apoyo a la Dependencia, un representante del Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria de Tenerife, otro del Instituto de Atención Social y Sociosanitaria de Gran Canaria y la jefa de l servicio de Dependencia, actualmente Canarias «cuenta con un elevado número de resoluciones de PIA emitidas prescribiendo una prestación vinculada al servicio respecto de las cuales la persona beneficiaria no ha adquirido un servicio privado acreditado». En concreto, señalan las actas de las reuniones, que pueden consultarse en el portal de transparencia del Gobierno canario, se encuentran en esta situación 553 personas en la provincia de Las Palmas y 1.117 en la de Santa Cruz de Tenerife. El acta tiene fecha del 4 de febrero de este año.

Son expedientes, explican, «resueltos a nivel administrativo», lo que significa, añaden, que «salvo revisión de oficio o a instancia de la persona interesada, no recibirán ninguna actuación administrativa ulterior». Pero con la cantidad que reciben de prestación es «insuficiente para poder hacer frente al coste real del servicio».

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