Competencia niega el permiso a la central de gas en Tenerife

13/10/2017

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) no considera conveniente autorizar la construcción de la planta de gas natural licuado (GNL) del puerto de Granadilla, en Tenerife, hasta que no haya garantías de uso de la misma y estudios que comprueben su sostenibilidad económica.

El organismo de supervisión ha emitido un informe sobre la propuesta de resolución por la que la Dirección General de Política de Energía y Minas otorga a la Compañía Transportista de Gas Canarias (Gascan), propiedad cien por cien de Enagás, gestor técnico del sistema gasista español, autorización para administrativa y reconocimiento de utilidad pública a esa planta de recepción, almacenamiento y regasificación.

La CNMC en las conclusiones de su informe, que no es vinculante para el Ministerio de Energía, ha explicado que no es conveniente autorizar la construcción de esta instalación hasta que no se disponga de garantías de usos y de estudios económicos que comprueben la sostenibilidad económica del sector del gas natural tras la gasificación de las Islas Canarias.

A juicio de la Sala de Supervisión Regulatoria de la CNMC, la autorización de la planta de regasificación debería venir precedida de una actualización del documento de planificación de los sectores de Electricidad y Gas 2008-2016, recogiendo un análisis de la demanda de gas prevista, las características del mercado y la viabilidad de las inversiones a realizar.

En este sentido, señala que, dado el tiempo que ha pasado desde que se planteó el proyecto, los análisis que se hicieron sobre demanda de gas prevista, características del mercado y viabilidad económica de las inversiones se han podido quedar desfasados en relación con las necesidades y planteamientos actuales sobre la energía en las Islas Canarias.

La CNMC también considera que habría que hacer un análisis detallado de los servicios adicionales que podría prestar la planta de GNL de Granadilla para la que se solicita la autorización administrativa.

El organismo de Competencia dice que el proyecto para la regasificadora esta «incompleto», pues no está diseñado en su actual configuración para prestar algunos de los servicios previstos en el real decreto 984/2015, como servicios de carga de cisternas, carga de buques, trasvase de GNL de buque a buque, puesta en frío de buques y ‘bunkering’ (el abastecimiento de GNL de buque a buque).

El proceso para la obtención de autorización administrativa del proyecto de la regasificadora de Granadilla se remonta a julio de 2000, cuando Gascan presentó el primer escrito de petición, aunque el proyecto desde entonces sufrió numerosos retrasos por su posible impacto ambiental.

Las dimensiones del puerto y de la disposición de la planta tuvieron que se redefinidas, al ser cuestionado el proyecto portuario ante la CE por posibles afecciones ambientales derivadas de su tamaño.

En el transcurso de la tramitación del proyecto, Enagás compró en febrero de 2015 la totalidad del capital social de Gascan, propietaria de dos proyectos de regasificadoras en el archipiélago: el de Arinaga (Gran Canaria) y el de Granadilla de Abona (Tenerife).

En esos momentos el presidente de Enagás cifró en unos 300 millones de euros la inversión en la regasificadora de Granadilla y dijo que las obras comenzarían en el segundo semestre de 2015, pero una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) suspendió la construcción por la falta de un estudio de impacto ambiental.

En julio de 2016 el proyecto de la planta de regasificación obtuvo la declaración de impacto ambiental favorable por parte de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y en enero de 2017 Gascan reiteró su solicitud de autorización administrativa