La defensa de Rosa cuestiona la licitud de la denuncia de TU
El juicio de Stratvs arrojó este pasado miércoles las dudas de la defensa de Rosa sobre la licitud de la denuncia que originó el caso, al entender que se hizo con expedientes secretos del caso Unión, y en cuanto alas grabaciones existentes, que se hicieron en el caso Unión, no se unieron a esta causa hasta 2013.
La jornada del juicio arrancó con la declaración del testigo Javier Díaz-Reixa, uno de los cinco denunciantes que a título privado y después a través de la Asociación Transparencia Urbanística (TU), presentaron la denuncia contra la bodega, en julio de 2009 ante la Policía Nacional.
Reixa explicó cómo obtuvo información para elaborar la denuncia de la Dirección General de Urbanismo del Gobierno canario, donde le facilitaron copia del expediente, y posteriormente tras acudir al Ayuntamiento de Yaiza, éste les negó la información, por lo que completaron la denuncia con información facilitada por la letrada de su asociación, que coincide en ser la que ejerce la acusación de TU.
Ya en el turno de preguntas del abogado de Juan Francisco Rosa, José Antonio Choclán, el interrogatorio dio un giro al señalar el letrado que consta un certificado de la Consejería en el que se acredita que este organismo en ningún caso había aportado el expediente de la bodega a los denunciantes, a lo que Díaz Reixa, no supo explicar por qué razón obraba dicho certificado, y que quizás sería que la Consejería había extraviado los documentos que acreditaban la solicitud de la información.
Entonces el letrado interpeló a Reixa sobre cómo conocía información pormenorizada, que sólo podían obrar en el expediente municipal de la licencia de actividad, que les había denegado en el Consistorio, a lo que Reixa respondió que se la había facilitado su letrada,
En ese instante intervino la propia letrada de TU, Irma Ferrer, protestando por la pregunta, al señalar que se estaba sugiriendo la obtención de la información por medios poco transparentes, dado que «el expediente se encontraba bajo secreto de sumario», tras haber sido requisado en un registro de la UCO dentro del caso Unión, tan solo un mes antes de la denuncia de Transparencia Urbanística.
