La capital se hipotecará hasta 2036 por la deuda de Ginory

21/02/2018

El Ayuntamiento de Arrecife ha hecho llegar al Juzgado una propuesta de compromiso de pago de la indemnización por el suelo ocupado en la llamada parcela de Ginory que, de aceptarse por los dueños, supondrá que la institución se hipoteque hasta 2035, para completar el desembolso de 20,2 millones; y 2,5 de intereses.

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La propuesta del Ayuntamiento de Arrecife remitida al Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Las Palmas de Gran Canaria va a suponer una losa que empobrecerá a la institución y recortará servicios básicos a los vecinos en los próximas casi dos décadas. De admitirse la propuesta trasladada al Juzgado y a los propietarios del suelo, la institución deberá pagar a razón de 600.000 euros los tres primeros años, de principal, más 159.032 euros de intereses el primer año, 168.106 euros, el segundo, y 186.106 euros el tercero.

Además, durante los años 2021 y 2022, el Consistorio abonará 900.000 euros de principal, más 306.234 euros y 333.234 euros de intereses, respectivamente.

A partir del sexto año y hasta 2035, el Ayuntamiento deberá pagar 1,2 millones por ejercicio; y el último año, en 2036, abonará 812.622 euros. A eso habrá que añadir otros 480.312 euros y 912.608 euros más de intereses. Todo ello totaliza un pago principal de 20,2 millones de euros, más 2,5 millones de intereses.

El pago de esta cantidad, que para muchos puede ser el principio de la «quiebra» del Consistorio -ya lo anticipó hace algunos días el exalcalde el socialista José Montelongo- corresponde al pleito entablado por los propietarios de este solar, contemplado en el último Plan General de la capital del año 1991, como un Sistema General, es decir, se ocupó el suelo para uso público.

Ello derivó en un contencioso administrativo entablado por los herederos de la propietaria, paloma Fuster -que falleció en septiembre de 2016- ante la Sección Segunda del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), que decayó en la sentencia firme número 325/2016, tras resolverse el recurso de apelación número 91/2013, por fallo ratificado por el Tribunal Supremo (TS). La sentencia fijaba el pago de una indemnización en concepto de justiprecio de 20 millones de euros en número redondos, más los correspondientes intereses de demora. Durante los cerca de 15 años que duró el pleito, los sucesivos gobiernos municipales poco hicieron por llegar a un acuerdo con los propietarios. En los últimos años, sí hubo reuniones con los herederos, cuando la sentencia era ya firme y los dueños dejaron claro que no iban a renunciar al cobro del dinero.