El Supremo avala a Arrecife en el pleito de los productos bancarios

31/10/2018

El alto tribunal ratifica la nulidad de ocho contratos financieros abusivos, entre 2004 y 2009, y supondrá que el banco tenga que devolver al Consistorio 3 millones y casi 2 más de intereses

ETIQUETAS:

El Tribunal Supremo (TS) ha desestimado el recurso de casación del Banco de Santander contra la sentencia de 2 de noviembre de 2016 del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Las Palmas, ratificada posteriormente el 30 de enero de este año, por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), que estableció la nulidad de ocho contratos de permuta financiera (más conocidos como swap) que suscribió el Ayuntamiento de Arrecife y que son nulos de pleno derecho.

La decisión, contra la que no cabe apelación y agota la vía judicial, ratifica la nulidad de los contratos suscritos por distintos alcaldes de la capital con el Banco de Santander, entre los años 2004 y 2009. En este caso el Tribunal Supremo confirma la nulidad en primera instancia esgrimida por la juez de lo Contencioso Administrativo Esperanza Ramírez, ratificada en apelación por el propio Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).

En ambos casos, avalaron los argumentos del letrado del Ayuntamiento, Ignacio Calatayud Prats, que a su vez se apoyó en un dictamen del Consejo Consultivo de Canarias de 2013, que declaró que no cabía «la menor duda» de que la competencia para suscribir contratos privados por valor de 3 millones de euros no correspondía al alcalde, ni a los titulares de la Concejalía de Hacienda, firmantes de los documentos; sino que la atribución exclusiva para hacerlo correspondía al pleno municipal.

La sentencia del Supremo abre, en consecuencia, la vía para que el Ayuntamiento que preside Eva de Anta reclame al Banco de Santander las sumas que perdió por las operaciones derivadas de los contratos de permuta financiera, por un montante de 3 millones de euros, más los intereses, que por el tiempo transcurrido llegarían a 2 millones de euros más.

La Sala Tercera del Supremo no admite a trámite el recurso de la entidad bancaria, «por carecer de interés casacional objetivo para formar jurisprudencia, por tratarse de una situación singularizada, huérfana de generalidad que justifique un pronunciamiento del Tribunal Supremo». Además se añade que «los argumentos expuestos son una reiteración respecto a los argumentos de la cuestión de fondo que ya resolvieron tanto el juez de primera instancia como la sala del TSJC, sin que dicha reiteración pueda fundar válidamente un recurso de casación, convirtiendo a esta en una nueva instancia, y no en un recurso especial».

En la sentencia de primera instancia la magistrada reconocía que el banco «se sirvió de supuestas prácticas contrarias a la buena fe, ocultando información, que hicieron que la entidad obtuviera cuantiosos beneficios», ya que «conocía la evolución futura de los indicadores de los que dependía la obtención de sus beneficios, sin arriesgar».