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El Gobierno no gana días para las ayudas a la vid

El Gobierno no gana días para las ayudas a la vid

El Consejo Regulador se verá obligado a recibir cada día a decenas de viticultores, al marcarse el 30 de junio como tope para formalizar trámites. Se hará llamada a cerca de 1.800 viticultores

Jueves, 1 de enero 1970

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A pesar de las circunstancias especiales a nivel administrativo de esta primavera, el Gobierno de Canarias ha decidido mantener la dinámica de años anteriores a la hora de que los viticultores puedan gestionar trámites para optar a las ayudas oficiales a la viña de 2020. Según anuncio oficial dado a conocer ayer de la orden firmada el 21 de mayo por la consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca, Alicia Vanoostende, el 30 de junio es el día tope marcado para hacer papeleo, de manera que no se ha tenido el cuenta la petición del Consejo Regulador de Denominación de Origen de Vinos de Lanzarote de al menos dar dos meses, a partir del anuncio oficial, para hacer tramitaciones.

La decisión del Ejecutivo regional ha sido recibida como un jarro de agua fría en el Consejo Regulador, reconoció su gerente, Nereida Pérez, toda vez que existen muchas probabilidades de que queden fuera muchos de los viticultores con derecho a la ayuda. Sirva decir que cada campaña se contacta con los 1.800 asociados de la entidad, acción que sirve para gestionar un mínimo de 1.300 peticiones de los fondos a los viñedos que se aportan por Unión Europea (UE), Estado y Gobierno de Canarias.

Con preocupación, la gerente del Consejo Regulador reconoció a CANARIAS7 que «no sabemos cómo vamos a hacer», considerando que pudiendo empezar el miércoles con las primeras tramitaciones, en total dispondrá el personal de veinte días hábiles para actuar, según los cálculos planteados por Nereida Pérez.

Por pura matemática, y contando con que no se den incidencias especialmente relevantes; partiendo de que se aspira a cerrar las habituales 1.300 solicitudes, habrá que dar atención a 70 viticultores cada día, la mayor parte con atención presencial y con el añadido de que habrá que trabajar respetando las condiciones de seguridad por el covid-19. Como posible opción organizativa para aliviar la densidad de las concentraciones de personas que se prevén, se valorará dar servicio de mañana y de tarde.

En juego, de 2,5 millones a 3 millones de euros para el sector, donde abundan los profesionales de edad avanzada, poco duchos con el manejo de las tramitaciones telemáticas y muy habituados a las gestiones presenciales.

En cuanto a las cantidades a entregar, se mantiene el nivel de ejercicios precedentes. De este modo, caso de tratarse de fincas aseguradas, para cada hectárea de cultivos de vides se hará un abono en conjunto de 1.800 euros. En el apartado de las fincas no aseguradas, que aún son una amplia mayoría en la isla, por cada hectárea se contempla un pago de 1.635 euros. Caso de que se puedan hacer trámites a partir del 1 de julio, los mismos irán vinculados a penalizaciones económicas en detrimento de los viticultores que no puedan cerrar papeles antes del día 30.

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