El juzgado investiga una obra en Tara de un exconcejal del PP

22/05/2019

El juez trata de determinar si incurrió en un delito contra el patrimonio histórico. El Cabildo llevó el caso a Fiscalía. El jefe municipal del servicio también será citado como investigado.

El Juzgado de Instrucción número 3 de Telde investiga unas obras en un estanque cueva de Tara y en una parcela anexa que ejecutó durante 2018 el exconcejal por el PP entre 2003 y 2006 Domingo Ramírez Galindo. El magistrado que instruye estas diligencias, Julio Wood, trata de determinar si Ramírez incurrió en un delito contra el patrimonio histórico, pero también ha pedido que comparezca como investigado el jefe municipal del servicio. Los trabajos realizados afectan a un suelo que está sometido a una regulación especial al formar parte del Plan Especial de Reforma Interior y Protección (Perip) de Tara, un barrio troglodita considerado de alto interés arqueológico. Fue un destacado asentamiento aborigen.

El expediente se inicia después de que el Cabildo levantase dos actas de inspección de las obras, una en septiembre y otra en diciembre de 2018, esta última en compañía de agentes del Seprona, y las llevase a la Fiscalía. De allí fueron remitidas al juzgado de Telde, que ayer tomó declaraciones a varios de los implicados, entre ellos, al principal investigado, que es el promotor de las obras. Citó también como testigo al jefe del servicio, pero durante su declaración el magistrado decidió suspenderla y ordenó que compareciera nuevamente, pero ya en calidad de investigado y asistido por un abogado.

A las actas de inspección del Cabildo se le suma el expediente de disciplina urbanística que el Ayuntamiento abrió también a estas obras y que buscaban el restablecimiento de la legalidad alterada. Este trámite municipal se inició formalmente a raíz de una denuncia registrada en Urbanismo el 5 de septiembre de 2018 y con el acta de inspección de la primera de las dos visitas que giró a la zona el Cabildo. Esta acta data del 10 de septiembre de 2018 y fue el fruto de una visita del inspector insular de Patrimonio Histórico efectuada el 31 de agosto anterior.

Según consta en el expediente de disciplina, las obras se ejecutaron en dos sitios distintos. Unas tienen que ver con un estanque cueva del que se retiraron escombros por medio de un tractor y de un camión-grúa. Además, se enfoscó el exterior del inmueble número 27 de la calle Ruiseñor, que afectó también al alzado del frente de las cuevas. Y las otras se desarrollaron en la parcela anexa, donde el promotor instaló una malla de ocultación en el lindero sur. Asegura el técnico que visitó la obra que detrás de esa malla y sobre el pórtico de las cuevas de los estanques se levantó un muro de contención para contener el terraplenado de la parcela, que fue cubierta con una solera de hormigón, dotada con una tubería de pluviales y de una puerta metálica para acceso rodado a la parcela.

El técnico entiende que esta actuación sobrecarga la bóveda de las cuevas, por lo que en la resolución municipal se insta al restablecimiento de la legalidad urbanística alterada y da un plazo al particular para que presente sus alegaciones. Ayer Ramírez dijo al juez que se limitó a limpiar el estanque de escombros y que derribó ocho habitaciones hechas de piedra que estaban sobre las cuevas. «Si llego a saber que era ilegal, las habría parado».

El Ayuntamiento no respondió

¿Por qué el Cabildo recurrió a la Fiscalía? Según informaron ayer fuentes del servicio insular, en septiembre de 2018 el inspector de Patrimonio pidió a Telde que parase las obras, en noviembre le preguntó si lo había hecho y no recibió respuesta, y en diciembre, cuando volvió, vio que no solo estaban paradas, sino que habían avanzado. Por eso fue a Fiscalía. Lo cierto es que en Urbanismo llevan años quejándose de una acuciante falta de personal, con expedientes parados por escasez de abogados.