El exedil Francisco López pide el archivo de su causa en el caso ICO

21/01/2019

Su abogado no advierte ilícito penal en el expediente e insta también al archivo de las diligencias que investigan si fue o no irregular el pago por parte del Ayuntamiento de dos deudas en 2012

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Ni Francisco López cometió irregularidad alguna, ni siquiera existe delito. No hay caso ICO. Esa es la tesis que defiende el abogado del que fuera edil de Urbanismo (PP) en la primera parte del mandato 2011-2015. La argumenta en el escrito de alegaciones que presentó en noviembre pasado en el marco de la investigación abierta por el Juzgado de Instrucción número 2 de Telde, en una pieza separada, para determinar si el Ayuntamiento se ajustó o no a la ley cuando tramitó y pagó dos deudas en 2012 con cargo a un préstamo que le avaló el Estado a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO), de ahí lo de caso ICO.

Los denunciantes aseguran que el Real Decreto-Ley 4/2012, al que se acogió Telde para saldar aquellas deudas, solo avalaba el abono de facturas por obras, servicios o suministros, y no gastos derivados por sentencias perdidas sobre expropiaciones de suelo, como es el caso de los dos que están sujetos a esta investigación. Uno de los pagos fue a los herederos de Sebastián Nuez González por unos terrenos en La Herradura, y otro fue a parar a la mercantil Reyal Urbis SL.

Por esta pieza están encartados, aparte de Francisco López, el empresario Ambrosio Jiménez, la exalcaldesa María del Carmen Castellano (PP), el actual secretario municipal Ángel Sutil, el exjefe de Urbanismo, José Luis Mena, el excoordinador municipal de Hacienda, Darío López (PP), y el exinterventor, Enrique Orts.

La representación letrada de Francisco López entiende que ni se ha practicado prueba alguna que ampare la implicación del que fue edil del PP, ni se ha acreditado que cometiera delito alguno. Pero es que tampoco aprecia ilícito penal en las diligencias hasta ahora practicadas. Y para sostener su argumento acude al informe de 23 de agosto de 2012 que emitió la Subdirección General de Estudios y Financiación de Entidades Locales del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. La conclusión de ese dictamen, subraya el letrado, fue la siguiente: «En consecuencia, este Ministerio ha actuado correctamente al abonar una factura que había sido comunicada en el plazo y forma legalmente establecida por el interventor municipal, a quien le corresponde determinar la inclusión o no de la deuda dentro del ámbito objetivo de la norma». Es decir, recalca el letrado, el informe deja claro que López no tuvo responsabilidad.

Además, en línea con esa tesis recuerda las testificales de dos trabajadores municipales, que también señalaron al entonces interventor, Orts. Es más, precisa su abogado que, para más inri, Francisco López «jamás ha pertenecido al Servicio de Intervención, y no tenía facultades ni competencia en relación con la inclusión de pagos», por lo que no pudo favorecer abono alguno.