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Jueves, 1 de enero 1970
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El artículo 47 de la Constitución dice: «Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada».
Impecable.
El enunciado queda muy aparente en el papel pero, cuando intenta trascender a la realidad, los fallos alcanzan proporciones bíblicas, porque no se cumple ni de lejos. Las listas de demandantes de vivienda son kilométricas en todo el país y cada caso requiere y merece solución, pero más especialmente, si cabe, aquellos en los que los solicitantes pasan por situaciones de extrema gravedad. Ahí, la respuesta debería ser casi instantánea.
En Telde, hoy, 171 unidades familiares de entre las inscritas como demandantes de vivienda se hallan en situación catalogada como grave por la empresa municipal Fomentas.
No obstante, la Concejalía de Servicios Sociales aclara que, en el momento de las adjudicaciones, siempre se valoran los casos urgentes, que pueden no estar en ese listado, puesto que cada día se siguen presentando nuevas situaciones, que son valoradas por cada trabajadora social.
Y si a eso le sumamos que, actualmente, no hay ni una vivienda disponible en la ciudad, la situación se ensombrece... más.
Con este panorama, la maquinaria municipal intenta hacer frente a cada caso con los medios de los que dispone, es decir, con políticas sociales de toda índole. Porque no hay que perder de vista que el consistorio no tiene competencias en vivienda y, en esa materia, incluidas las adjudicaciones, debe someterse a los designios del Gobierno regional.
Así, el cometido de Servicios Sociales se basa en desarrollar iniciativas y activar ayudas que mitigar las situaciones de precariedad y vulnerabilidad en las que malviven muchas familias.
El edil del área, Diego Ojeda, trabaja hasta donde puede. «Ponemos en marcha todas las ayudas y las herramientas de que disponemos, para que la calidad de vida de los vecinos mejore. Y así paliamos muchas situaciones de necesidad, pero en asuntos de vivienda, nuestro papel es elaborar los informes pertinentes y proponer al Gobierno a los candidatos a la adjudicación».
De hecho, ese trabajo conjunto ha servido para que, en los últimos tres años y medio, 17 familias teldenses ya tengan un techo digno sobre sus cabezas.
El mecanismo se activa cuando el Gobierno regional comunica al Ayuntamiento que cuenta con una vivienda disponible en el municipio.
Fomentas pone sobre aviso a Servicios Sociales e Igualdad de la existencia de esa casa y de sus características. Con esa base, cada trabajadora evalúa los casos urgentes que tiene entre las familias que están siendo atendidas en su unidad o equipo especializada y los pone en conocimiento de la empresa municipal.
Finalmente, la comisión integrada por tres trabajadoras sociales, la jefa de servicio de la concejalía, el gerente de Fomentas y la alcaldesa, que es la responsable del área de vivienda en el municipio, analiza cada caso y propone una unidad familiar a la Dirección General de Vivienda para que sea la adjudicataria.
Así se acaba con el problema de una familia... el resto, deberá seguir esperando.
El caso de María Jesús Cáceres, la mujer que vive en una casa cueva, sin agua ni luz ni las mínimas condiciones de habitabilidad, en el barrio de Caserones Altos, ha trascendido los conductos habituales de la adjudicación de viviendas. De hecho, ha sido propuesto por el Ayuntamiento para que forme parte del proyecto Canarias+viviendasxfamilia que puso en marcha el Gobierno regional.
Con este proyecto, el Ejecutivo canario pretende dar soluciones a aquellos casos de mayor emergencia habitacional.
Según se indica desde la Concejalía de Servicios Sociales, se ha tomado esta decisión porque los procesos de adjudicación de viviendas están paralizados en el municipio, dado que ahora mismo no hay ninguna casa disponible.
En detalle, esta iniciativa del Gobierno regional tiene como objetivo llegar a acuerdos con el resto de las administraciones y con entidades públicas y privadas, para ampliar el número de viviendas que se destinen a aquellas familias que atraviesen una situación de mayor vulnerabilidad social.
El convenio, al que ya se ha adscrito el Ayuntamiento teldense, establece un marco de colaboración mediante el cual se fomentan los alquileres a favor de personas en riesgo de exclusión social.
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