Sacudida policial en Valsequillo

10/03/2020

La Guardia Civil hizo comparecer ayer como detenidos al alcalde, cinco concejales y cinco trabajadores municipales por supuestos delitos de prevaricación, falsedad y malversación. Indagan el repostaje en coches particulares con vales públicos. Todos están en libertad

Agentes de la Policía Judicial de la Guardia Civil dieron este lunes un paso más en la investigación iniciada hace un año por supuestos delitos de prevaricación, malversación de fondos públicos y falsedad en documento público en el Ayuntamiento de Valsequillo por, presuntamente, haber cargado durante años al erario público gastos de consumo particular de combustible. Hicieron comparecer en calidad de detenidos e investigados a once personas, entre ellas, al alcalde, Francisco Atta, a una teniente de alcalde y a cuatro más de los concejales del gobierno local. El resto son trabajadores municipales: el secretario del consistorio, el jefe de la policía local, el interventor, el jefe de personal y el arquitecto técnico. Todos están en libertad. Un grupo de agentes subió a primera hora a las oficinas municipales a comunicarles que debían comparecer como detenidos en la Comandancia de la Guardia Civil en la capital. Preguntaron por el regidor municipal, pero no estaba. Atta, tras tener conocimiento de que se le requería, optó por presentarse directamente y por su propia voluntad. Lo mismo hizo el resto de ediles. Fueron en sus vehículos.

Las diligencias, que han recaído en el Juzgado de Instrucción número 1 de Telde, están declaradas bajo secreto de sumario, de ahí que la información no sea precisa, pero la previsión ayer era que se produjeran más detenciones, o comparecencias en calidad de detenidos, durante esta misma mañana. Entre los investigados, según confirman fuentes autorizadas, figura el director general de Planificación del Territorio del Gobierno canario, Víctor Navarro, edil de gobierno en Valsequillo entre 2015 y 2019. En todo caso, fuentes de la investigación precisan que se trata de detenciones policiales, no judiciales, es decir, que no han sido ordenadas por un juez o jueza, por lo que no se les retiene en comisaría uno o dos días a la espera de pasar a disposición judicial. Se les detiene para que comparezcan sobre la marcha y, si así lo quieren, prestar declaración (porque pueden no hacerlo), y se les libera en el mismo acto.

Vales de combustible

No en vano, en cuanto pudo regresar al pueblo, poco antes de las doce y media del mediodía de este lunes, el alcalde se dirigió a los medios de comunicación que esperaban a las puertas del Ayuntamiento y aseguró que estaba «absolutamente tranquilo». Dijo que durante todo este año el consistorio ha aportado toda la documentación que se le había requerido y mostró la disposición municipal a seguir colaborando con la investigación en curso, pero tampoco ocultó su contrariedad porque, a su juicio, las acciones emprendidas podían ser «a lo mejor desproporcionadas».

Por las fuentes recabadas, la Policía Judicial trata de acreditar el repostaje de coches particulares con vales de combustible pagados por el Ayuntamiento. Esta institución, según fuentes municipales, apenas dispone de parque móvil (ni siquiera el alcalde tiene coche oficial), por lo que concejales y trabajadores se desplazan en sus vehículos particulares, por lo que para compensarles, y «siempre bajo justificación de las necesidades del servicio, se les facilitaban vales de combustible». Se pagaban a factura presentada, pero, tras el cambio de la ley, y desde abril de 2019, Valsequillo le adjudicó el contrato de suministro de combustible a una gasolinera del pueblo. Se presentaron dos y ganó esta estación. Hasta entonces el gasto mensual en combustible en el Ayuntamiento rondaba los 3.500 euros, del orden de 120 o 150 euros por coche, según apuntaron fuentes municipales.

La denuncia fue presentada en la Fiscalía por dos de los policías locales de la institución, aunque ahora no ejercen en el municipio. El caso lo asumió el fiscal Javier Ródenas, lo estudió y presentó una denuncia, en virtud de la cual se encargaron unas diligencias preprocesales que consistieron en una intervención de la Guardia Civil en el propio Ayuntamiento el 8 de mayo de 2019, apenas un mes antes del nuevo contrato de suministro, para incautarse de documentación relacionada con esta investigación. Con ese material sobre la mesa y otro más que ha ido requiriendo durante el último año al consistorio, el caso, que lo asume ahora el fiscal César Casorrán, pasó al juzgado, que lo admitió a trámite. La Guardia Civil ha seguido investigando y es en ese marco en el que se inscriben las detenciones de este lunes y las posibles de hoy.