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Las Palmas de Gran Canaria
El presidente del Cabildo, Antonio Morales, anunció ayer que presentará en los próximos días una denuncia «a título personal» contra el diario La Provincia al considerarse víctima de una «campaña mediática orquestada para hacerme un daño personal». Dejando a su abogado los detalles de los delitos que denunciaría -incluyendo el derecho al honor-, mantuvo que la publicación en la portada «un día sí y otro también» de titulares sobre anomalías en la gestión del Consistorio de Agüimes en 2013 detectadas en un informe de la Audiencia de Cuentas fueron una «vulneración de los derechos individuales desde la falsedad y la manipulación».
Morales anunció esta denuncia al valorar que la Fiscalía de Las Palmas haya archivado definitivamente las diligencias de investigación que había abierto al recibir la denuncia de un particular contra él por posibles delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos basada en el informe de la Audiencia de Cuentas.
La denuncia, defendió Morales, la presentó «un empresario testaferro» a través de «un empleado testaferro también» tras «una campaña brutal contra mi persona» del periódico que va a denunciar. El abogado de tal empresario, según reveló, lo presentaba como «amigo de Fernando Clavijo y de La Provincia» cuando llamaba al letrado del Consistorio de Agüimes.
El presidente del Cabildo aseguró que no habrá acto de conciliación previo con el periódico La Provincia para intentar llegar a un acuerdo que evite la presentación de una demanda personal «por prestarse a una campaña difamatoria» contra Antonio Morales y el Gobierno insular como parte de «la acorazada mediática armada por el Gobierno de Canarias» para difundir sus posiciones.
En este sentido, señaló que el interés de la empresa editora del citado periódico por resultar adjudicataria del concurso abierto para la gestión de los servicios informativos de Radio Televisión Canaria «claro que tiene algo que ver».
Morales destacó que el escrito del fiscal que archiva indica que «no existe indicio alguno» del que se pueda derivar acción ilícita penal alguna en las gestión de las cuentas de Agüimes en 2013, sino todo lo contrario, ya que «en todos los casos se ha tratado de dar satisfacción al interés general o al cumplimiento de las obligaciones contraídas por la corporación local».
Con la decisión del fiscal en la mano, el presidente del Cabildo proclamó que «jamás he estado imputado por una ilegalidad. Jamás la he cometido ni la cometeré», agregó. También indicó que «no voy a ceder al chantaje» y que «siempre he atendido y atenderé al interés general», defendió la política y el periodismo «decentes», aseveró que «el periodismo mercenario es un atentado a la Democracia» y prometió que «jamás voy a cometer una ilegalidad en el ejercicio de la función pública».
Morales, que defendió las libertades editoriales, de prensa y de expresión, se negó a aceptar que «en un Estado de Derecho se mancille el honor de una persona de esa manera».
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