UGT pide revisar la legalidad de la vigilancia de la cabalgata

15/03/2019

El sindicato con presencia en la Policía Local ha solicitado a la Intervención municipal que se pronuncie sobre la contratación ya que «creemos que se han vulnerado las leyes del sector público».

La contratación de vigilantes de seguridad privados para la cabalgata de carnaval de Las Palmas de Gran Canaria -que se desarrolló en la vía pública ante la afluencia de unas 200.000 personas- sigue despertando críticas por parte de los policías locales mientras el Ayuntamiento mantiene un silencio absoluto al respecto.

Ayer, la Unión General de Trabajadores (UGT) presentó sendos escritos, uno en el Ayuntamiento y otro en la Delegación del Gobierno en Canarias, para verificar si la contratación se ha ajustado a los parámetros legales.

En este sentido, la primera instancia a la que se ha dirigido el representante de UGT en la Policía Local, José Antonio Alonso, ha sido la Intervención General del Consistorio capitalino. «A nuestro entender, se ha contratado a una empresa de seguridad privada, Cenpol, de forma irregular por este Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para que sustituya en vía pública a las fuerzas de seguridad», recoge el documento.

En él también se aclara que «se ha pedido el expediente completo de tal contratación tanto al alcalde de la ciudad (Augusto Hidalgo) como a la Delegación del Gobierno en Canarias, ya que creemos que se han vulnerado las leyes de contratación del sector público, así como otras legislaciones vigentes».

Por todo ello, se reclama a la Intervención General que «realice una revisión extraordinaria de dicho expediente por si en este caso no se han seguido los trámites previstos en la legislación vigente».

Más detallada es la petición que se hace a la Delegación del Gobierno por este motivo. En este caso, se le pide «copia íntegra de la autorización para ejercer en vías públicas de Las Palmas de Gran Canaria» por parte de Cenpol; que se indique si en el contrato con la empresa, «venía incluido la cesión de bienes públicos», en referencia a las emisoras de la Policía Local; y que se facilite «la relación de trabajadores autorizados, bien con número de placa o DNI de los vigilantes, auxiliares o alumnos que realizaron servicios durante la cabalgata autorizados por la Delegación del Gobierno».

Éste no es el único frente que abre UGT con relación a la vigilancia en los actos públicos. El sindicato también ha pedido el amparo de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social y denuncia «el uso que se realiza por parte del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria de Protección Civil, ya que se extralimita el objeto para lo que fue creada».

José Antonio Alonso explica que los voluntarios de Protección Civil actúan «en la mayoría de las ocasiones, en situaciones ordinarias de carácter cultural, deportivo, fiestas..., usurpando, a nuestro entender, las labores de otros servicios públicos».

El sindicato entiende que Protección Civil está prestando «un servicio público sin ningún tipo de cobertura legal, ni aportando a las arcas públicas las cotizaciones e impuestos que son inherentes a los puestos desempeñados en la administración pública con relación contractual». Por eso, entiende que se trata de una situación «irregular».

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