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Sagulpa perdonó el potrero a policías durante veinte años

Sagulpa perdonó el potrero a policías durante veinte años

La Audiencia Provincial dejó visto para sentencia el juicio contra el exgerente de Sagulpa y una funcionaria por perdonar las tasas del potrero al propio exgerente en un caso y a 19 policías entre 2007 y 2011. El procedimiento consistía en camuflar la tasa como pagos de limpieza. Este martes se conoció que esta práctica se ha venido realizando desde hace décadas

Jueves, 1 de enero 1970

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No se trata de una práctica habitual pero sí se ha venido haciendo desde hace veinte años. En el juicio que se sigue contra el exgerente de Sagulpa, Carlos Santana, y una funcionaria, Carmen Suárez, por perdonar el cobro de la tasa del potrero a vehículos particulares (uno de ellos, el del propio exgerente y otros 19 de agentes de la Policía Local), tanto los acusados como testigos coincidieron en que los hechos juzgados constituían un procedimiento antiguo que consistía en disfrazar como facturas del servicio de limpieza las tasas que debían abonar los propietarios de los coches por sacarlos del depósito.

A cualquiera, esto le costaría 66,11 euros. Pero los policías que se beneficiaron de esta artimaña contable, y el propio exgerente, se libraron de pagar la tasa. Esto originó un quebranto en la sociedad pública municipal de 1.588 euros.

«Esto se hace desde que la empresa se abrió», aseguró ayer el exgerente, que no quiso responder a las preguntas de la fiscal, ni a las de la acusación particular. Negó haber dado el permiso a la salida de los vehículos, aunque luego detalló que su orden fue que el personal del potrero transmitiera a los agentes que la exención de la tasa se les aplicaría solo esa vez como una «deferencia porque trabajan con nosotros».

Santana reconoció que el procedimiento era «muy cutre» pero señaló que «era una dinámica impuesta con antelación y nosotros la seguimos porque entendimos que era lo habitual».

El Ministerio Público mantuvo su petición de penas -cinco años de prisión para el exgerente y cuatro años para la funcionaria- porque entiende que «se hiciera mal antes, no excluye la responsabilidad», ni tampoco puede justificar «una conducta ilícita». La fiscal recalcó que la exención no está encuadrada en los supuestos que permite la norma, ni siquiera está respaldada por el procedimiento que fija la ordenanza.

De hecho, el jefe de administración de Sagulpa, Francisco Javier Acosta, que compareció en calidad de testigo, explicó en la sesión que él se negaba a firmar las órdenes de pago porque «las consideraba irregulares» y pasaba su firma al gerente. «Cuando llegué, en octubre de 1999, me encontré con esta situación pero para mí era algo irregular y yo nunca firmaba», aseguró, «cuando vino Carlos Santana le expliqué lo que hacían los anteriores gerentes, le manifesté mi reproche y le advertí de que no iba a firmar».

De acuerdo a sus cálculos, de los 19 casos detectados de exenciones a agentes de la Policía Local en los últimos años, «cuatro o cinco eran de gerencias anteriores» a la de Carlos Santana.

La otra acusada, la funcionaria Carmen Suárez, dijo que los recibos los tramitó siguiendo las órdenes de la gerencia de Sagulpa. «Sabía que se había hecho con anterioridad, pero no me planteé nunca que fuera algo ilícito», expuso.

La fiscal mantuvo su petición de penas para el exgerente de Sagulpa, Carlos Santana, por los supuestos delitos de prevaricación administrativa continuada, malversación de caudales públicos y de falsedad en documento mercantil; y también para la funcionaria María Carmen Suárez, por un supuesto delito de falsedad en documento mercantil.

Sin embargo, el letrado de la acusación particular, Javier Carrasco, pidió rebajar su exigencia de un año y seis meses de cárcel para Santana, a solo seis meses de prisión por ser de poca gravedad los supuestos delitos de prevaricación administrativa y malversación. El abogado de la empresa municipal pidió el sobreseimiento de la causa para la trabajadora de Sagulpa porque considera que solo cumplía órdenes.

Por su parte, la defensa de Carlos Santana, representado por Miriam Victoria Rodríguez, solicitó la absolución de su cliente y solo en caso de que fuera condenado, propuso dos atenuantes que limitaran la pena a un año y nueve meses de prisión. También pidió la absolución de Suárez su abogada, Benigna Ángeles Moreno porque «cumplía órdenes y desconocía la ilicitud de su actuación».

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