Policías y bomberos amenazan con no reforzar turnos en San Juan

Esta situación no es nueva. Ocurrió ya en los fuegos de San Lorenzo, en agosto pasado, y durante la celebración de los carnavales de febrero. En ambos casos, la respuesta del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria fue la de contratar seguridad privada: bomberos en el caso de la festividad estival (cinco personas con equipos de protección y una cuba de 1.100 litros, que tuvieron un coste que rondó los 2.000 euros, si bien no se ha aportado nunca la cifra exacta) y seguridad privada en la gran cabalgata de carnaval (cuyo gasto nunca ha sido revelado por parte del grupo de gobierno tripartito).

En 2018, hasta junio, el Ayuntamiento había pagado a la Policía Local 1,08 millones de euros en concepto de horas extra. Pero la cuantía siguió creciendo, en parte por lo reducido de la plantilla (ya que la ciudad tiene el menor número de agentes de todas las grandes ciudades), en parte por el gran número de actos que se celebran en las calles de la capital grancanaria, que supera los 250 al año y que obliga a los agentes a un sobresfuerzo.

En febrero se pagaron las horas extra del año pasado, tras casi ocho meses de espera. Y solo de enero a junio se ha generado una deuda con los trabajadores de casi un millón de euros, según explicó el máximo dirigente de USPB, Víctor García.

«Tenemos datos que apuntan que entre julio y agosto ya se habrá agotado el dinero para horas extra, con lo que habrá que esperar hasta el año que viene para cobrar todo lo que se haga en la segunda mitad de este año», añadió el representante de los agentes de seguridad.

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria tiene, en sus presupuestos, una partida de 2,2 millones de euros para este fin, según USPB.

El sindicato va a solicitar una reunión con el alcalde en funciones de la ciudad, Augusto Hidalgo, para tratar de buscar una solución a este problema, que se repite con cierta frecuencia a lo largo de los años. «El problema ahora es que nunca habían tardo tanto en pagar», lamentó el representante de USPB, «no se cumple con los plazos legales, que establecen un tiempo máximo de tres meses para cobrar las horas extra».

Los policías y bomberos temen que se vuelva a utilizar «la mala gestión» del grupo de gobierno para justificar la contratación de empresas privadas de seguridad si no se cubren los refuerzos. Víctor García explicó que se ha hecho un llamamiento de treinta agentes de policía y quince profesionales del servicio de extinción de incendios para reforzar la noche de San Juan.

USPB solicita al alcalde que se siente con ellos antes de esta jornada y plantea como soluciones posibles la elaboración de un plan de pago hasta final de año en el seno de una mesa de negociación, o bien modificar las condiciones de la libre disponibilidad para que se puedan cubrir los eventos que se celebran en la ciudad sin necesidad de tener que recurrir a las horas extra.

El nuevo concejal de Seguridad, Josué Íñiguez, tendrá que gestionar este problema junto al edil de Recursos Humanos, Mario Regidor, cuando arranque el próximo mandato.