Los agentes de movilidad no podrán multar hasta el verano

25/05/2018

Los agentes de movilidad no podrán multar, salvo por vía voluntaria, hasta el verano como muy pronto. Ese es el tiempo en el que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria espera aclarar las funciones de este cuerpo, que tomará como referente al operativo de Madrid

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria acordó este jueves con los representantes sindicales del área de Seguridad la modificación de las bases en las que se funda la actividad de los agentes de movilidad para aclarar sus funciones y que puedan multar, como venían haciendo en la ciudad hasta que varias sentencia pusieron en jaque este cometido, o como sucede en el resto de las dieciocho ciudades españolas que cuentan con este tipo de funcionarios.

Los representantes de la Policía Local aprovecharon su estancia en la manifestación de Madrid por la prejubilación a los 59 años para contactar con el cuerpo de agentes de movilidad de esta ciudad y proponerlo como modelo de funcionamiento del de la capital grancanaria.

«Ahora tendremos que ver la viabilidad técnica y legal, y luego negociarlo», explicó el concejal de Recursos Humanos, Mario Regidor, quien entiende que el proceso «durará unos meses y no es probable que acabe antes de verano».

Esto significa que, en el plano práctico, los agentes de movilidad no podrán multar salvo por la vía voluntaria, que es la que abrió el comisario principal de la Policía Local, Carlos Saavedra Brichis, después de que el alcalde, Augusto Hidalgo, señalara que sí podían hacerlo.

«En principio no podrán multar hasta que se clarifiquen los conceptos y funciones», indicó el edil de Recursos Humanos, «cuando Esperanza Aguirre fue multada por un agente de movilidad nadie puso en cuestión que no fuera legal, y la idea es llegar a este punto».

Regidor también explicó que este año no se va a ofertar ninguna plaza de agente de movilidad con lo que «esta gente va a permanecer en sus puestos de forma interina, ya que así fue cómo el PP sacó estas plazas en su momento».

Además informó de la existencia de un procedimiento judicial abierto que podría retrotraer al cuerpo al inicio del proceso selectivo. «Esto nos obligaría a negociar con los afectados en la fase de ejecución de sentencia», dijo Regidor, «como nos ha ocurrido con otra nefasta actuación del PP como ha sido la Relación de Puestos de Trabajo».

En todo caso, este es un escenario que no se plantean a corto plazo. Para el medio plazo, al menos cinco años, van a quedarse acumulando méritos de cara al concurso que en un futuro se pueda convocar.

Por su parte, el representante de la Unión Sindical de Policías y Bomberos (USPB), Víctor García, indicó que «antes de tomar cualquier decisión, se informará a los agentes de movilidad y a los delegados sindicales con el objeto de evitar confusiones como las vividas en las últimas semanas, especialmente con la orden de la jefatura». García insistió en que las funciones de los agentes de movilidad deben estar subordinados a la Policía Local» y lamentó que «esta situación podría haberse evitado si la concejala de Seguridad, Encarna Galván, se involucrara más en sus funciones».

El representante de UGT en el cuerpo de agentes de movilidad, Aday Miranda, informó de que «les facilitamos el informe del gabinete jurídico del propio Ayuntamiento que rectificaba la sentencia de 2015, por la que esta administración pierde todos los contenciosos, y que viene a aclarar que sí somos un cuerpo subordinado a la Policía Local». Sin embargo, Mario Regidor asegura que esto no está clarificado del todo por cuanto que siguen llegando sentencias que suscitan una controversia jurídica sobre su capacidad sancionadora.

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