Las ayudas sociales se atascan meses en Jinámar
Casas sin luz, despensas vacías y unas ayudas sociales atascadas desde hace meses condenan a algunos vecinos de Jinámar a la desesperación. Pidieron sus prestaciones entre octubre y noviembre en el distrito. Y siguen esperando
Cuando la burocracia llega tarde, el ciudadano se convierte en víctima. Algunos vecinos de Jinámar sufren este aforismo. Desde octubre o noviembre, según sea el caso, llevan esperando por que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, desde la concejalía del distrito de Cono Sur-Vegueta-Tafira, les conceda una prestación económica de especial necesidad, una ayuda económica para individuos o unidades familiares que tienen insuficientes ingresos económicos.
Jesús Placeres es un residente de Jinámar que se enfrenta al papeleo por vez primera. Con la pensión no contributiva que cobra -380 euros al mes-, reclama la asistencia de la Corporación para mejorar su situación. «Pido ayuda para la luz», explica, «estoy desde octubre sin luz, y he tenido que ir a casa de mi hermano para comer». Esperaba que la respuesta municipal fuera más rápida.
Los vecinos afectados por esta situación no entienden cómo hay otros distritos en los que el procedimiento es más ágil. «En Tamaraceite cobraron la paga el 28 de diciembre y la pidieron el mismo mes que yo», lamenta Manola Hernández, otra de las personas que sufren el atasco social de Jinámar, «cuando les entregamos los papeles, en el distrito nos dijeron que iban a tardar unos cuatro meses porque no hay personal suficiente».
Las historias se repiten. Como Jesús, María de la Cruz Ruiz tampoco tiene luz en la casa. «Cargo el móvil gracias a mi vecina, voy a su casa a ver la tele y lavar la ropa», explica esta mujer de 61 años. Cobra la Prestación Canaria de Inserción (PCI), «que ahora se me acaba», y que son unos 470 euros al mes. «La mitad de este dinero se me va en pagar la comunidad, el agua y Santa Lucía», explica, «y no tengo ni para comer porque como no tengo luz, la nevera la tengo vacía».
Entre lágrimas, explota de indignación. «Que el alcalde venga para que vea lo que pasamos», demanda, «ya no le voto a nadie porque nadie se acuerda de los pobres y siempre hay dinero para fiestas y carnavales».
Otro caso. El de Carmen Delia Ramírez Navarro. Su solicitud para tener una prestación económica de especial necesidad está firmada el 21 de noviembre. «Me dijeron que tres meses como mínimo», indicó.
Papeleo y solidaridad
Para estos vecinos, el papeleo resulta en ocasiones un problema añadido porque los desplazamientos les resultan caros, en parte por el aislamiento de Jinámar, en parte por sus bajos ingresos. «Una vez que me puse pesada me dieron un vale para una compra, y la verdad es que estaba muy bien, pero me dijeron que tenía que recogerla en el Spar de Guanarteme a las diez de la noche», expuso la misma vecina, «¿de dónde iba a sacar el dinero para ir hasta allí cuando tengo que coger cuatro guaguas desde Jinámar?».
Según los afectados, en sus respectivos casos, la ayuda que concede el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria es de unos 761 euros, «si tienes alguna entrada de dinero», o de alrededor de mil euros para los casos de peticionarios que no tienen ningún ingreso. «Deberían ser dos ayudas al año pero como tardan tanto, nada más te da tiempo a recibir una», añade Carmen Delia Ramírez.
La demora en la respuesta institucional tensa hasta límites inimaginables la solidaridad vecinal. Amelia Santana cobra una pensión de jubilación de 380 euros, lo que no le impide echar una mano a sus vecinos. «Estoy ayudando sin tener yo lo suficiente», expuso. Recuerda que «también me vi en esta situación» pero reconoce que en su momento tuvo más suerte porque «nunca me faltó la PCI».
La asociación de vecinos Progreso de Jinámar reclama mayor sensibilidad por parte del grupo de gobierno. Su presidenta, María Teresa Roca, aseguró que se había pedido una reunión con el concejal de Cohesión Social, Jacinto Quevedo, «pero no hemos recibido ninguna contestación».
En su opinión, «es bonito decir que se tarda diez días en conceder una ayuda, pero es mentira». Cree que «los trabajadores sociales deberían informar mejor de los recursos que hay a disposición de la ciudadanía y no tratarlos como a basura».
Este periódico intentó sin éxito conocer la versión municipal de este asunto. Lo que sí hizo el Ayuntamiento fue enviar una nota de prensa en la que se informa de que el año pasado se gestionaron 6.307 ayudas económicas municipales para familias en situación de vulnerabilidad social, con el fin de que pudieran cubrir sus necesidades básicas. En su comunicado, el edil Ortega explicó que durante el año 2018 se ejecutó un 117% por ciento del presupuesto que tenía asignado para este tipo de ayudas, que ascendió a un total de 4,54 millones de euros, una cifra que supera en casi 700.000 euros la cantidad presupuestada en el año 2017, que fue de 3,85 millones de euros.
Para 2019, la partida de las ayudas sociales crece en 735.618,63 euros, hasta alcanzar un importe total de 4,66 millones de euros. Sin embargo, la partida que maneja el distrito Vegueta-Cono Sur-Tafira se mantiene invariable en los 11.600 euros.
La concejala del Partido Popular, Rosa Viera, criticó la «dejadez» del responsable de Cohesión Social y lamentó que el grupo de gobierno municipal «aprobara en noviembre modificaciones de crédito para carnaval y cultura sin pensar en las necesidades que hay en las ayudas sociales». En su opinión, «si sabían que se iban a quedar sin partidas, se tenía que haber buscado el dinero de donde fuera».
Por su parte, la portavoz de Unidos por Gran Canaria, Ángeles Batista, denunció en el pleno del presupuesto, celebrado este lunes, que «las ayudas sociales se están quedando sin tramitar desde septiembre, cuando las necesidades están todo el año».
