El juzgado admite a trámite la demanda vecinal y cita a las partes en mayo

El abandono de La Cícer llega al juzgado

12/01/2018

El juzgado de lo contencioso-administrativo 2 de la capital grancanaria ha admitido a trámite la demanda presentada por la asociación ciudadana Recuperar La Cícer contra la inactividad del Ayuntamiento en la ejecución de sus propias resoluciones, que dictaban el cierre de la subestación eléctrica de la zona.

Las partes implicadas en el procedimiento -los ciudadanos y el Ayuntamiento- han sido citados a una vista que tendrá lugar el próximo 23 de mayo para abordar la inactividad del Consistorio en el cumplimiento de sus propias resoluciones de cierre de la subestación eléctrica de La Cícer.

La notificación del decreto, hecha ayer, admite a trámite la petición de la asociación ciudadana Recuperar La Cícer, que viene reclamando desde hace años la clausura de la instalación energética.

«Resulta evidente que Endesa no está dispuesta a ejecutar voluntariamente el cierre acordado en firme por el Ayuntamiento, nada menos que desde 2010, y que la Corporación lleva casi un año y medio inactiva frente a este asunto», exponen los vecinos en el recurso contencioso-administrativo que fue presentado el pasado 21 de diciembre.

La demanda pide al juez que condene al Ayuntamiento a encargar «al Instituto Tecnológico de la Energía -o a aquella otra consultoría que se considerara más oportuna- la redacción de un plan ordenado de cierre de la subestación eléctrica de La Cícer, que permita la paralización de la actividad de transformación y distribución que se desarrolla ilegalmente desde la misma, todo ello a costa de la entidad Endesa».

Desde 1966.

En su escrito, los vecinos recuerdan que la subestación eléctrica fue implantada en 1966 sin la preceptiva licencia de apertura ni de actividad clasificada. Y sin que ni siquiera pudiera ser legalizada debido a que contraviene las determinaciones del planeamiento, tal y como ha establecido el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).

La batalla ciudadana contra esta industria tomó forma en 2009, cuando tras una denuncia vecinal, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria abrió un expediente que concluyó en el acuerdo de paralización voluntaria, mediante la resolución 5.660/2010.

Esta orden fue confirmada dos meses después por otra resolución, la 13.101/2010 y cuatro años más tarde por una sentencia del juzgado de lo contencioso-administrativo 4. En 2015, tras ser recurrida en apelación, el TSJC se posiciona también a favor del cese de la actividad.

Tras ello, el Ayuntamiento emite una nueva resolución -la 36.368/2015- que reitera la paralización voluntaria. Esta orden fue recurrida también por Endesa pero el juzgado de lo contencioso-administrativo 5 confirmó la legalidad de la nueva orden. El fallo ha vuelto a ser recurrido en apelación y aún no ha sido resuelto.

En febrero de 2016, el Ayuntamiento dictó la resolución 3.929/2016, en la que daba a Endesa dos meses para presentar «un plan que lleve aparejado el cierre paulatino de la actividad».

En noviembre de 2017, transcurrido el plazo dado por la administración a la empresa, los vecinos solicitaron al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria que ejecutara «forzosa y subsidiariamente» lo dispuesto por sus resoluciones. Sin embargo, como pasó un mes desde que se presentó esta solicitud sin que el gobierno local hiciera nada, los vecinos decidieron interponer la demanda que ahora ha sido atendida por el juzgado.

Los vecinos insisten en que no puede subordinarse el cierre de la subestación eléctrica a su traslado sino que la clausura debe ser lo primero.

Hay que recordar que en julio se conoció, a través de una sentencia, la opinión de los peritos de que el servicio podría mantenerse ampliando el resto de las subestaciones.

Vista de la subestación. / <b>Juan Carlos Alonso</b>
Vista de la subestación. / Juan Carlos Alonso

En paralelo al pleito principal, la asociación ciudadana Recuperar La Cícer ha presentado ante el juzgado la aplicación de una medida cautelar que obligue al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, de manera provisional, a asumir «el coste de la redacción del plan ordenado de cierre» de la subestación eléctrica, sin perjuicio de que luego el Consistorio repercuta estos costes a Endesa.

El Ayuntamiento tiene cinco días para responder ante un plan cautelar de clausura

«Resulta lógico que el cierre de la subestación eléctrica no pueda llevarse a cabo de cualquier forma -mediante una simple bajada de palancas que pudiera generar situaciones indeseables, lo que esta parte en absoluto pretende», recoge la petición vecinal. Para ellos, «lo que conviene a toda la ciudadanía es que se elabore un plan ordenado del cierre de La Cícer cuanto antes, para que no se demore más en el tiempo y pueda ejecutarse a la mayor brevedad, sin que ello pueda generar trastornos o incomodidades que no hayan sido previamente valoradas y neutralizadas desde el mismo plan de cierre».

La asociación ciudadana Recuperar La Cícer está convencida de que el único daño que podría causar esta decisión «sería el tener que afrontar anticipadamente y de manera temporal el coste del encargo del plan ordenado de cierre de la subestación eléctrica».

El juzgado de lo contencioso-administrativo número 2 de la capital grancanaria ha dado cinco días al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para que se pronuncie sobre las medidas cautelares solicitadas por los vecinos.