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El PP no vulneró derechos de Montelongo

El PP no vulneró derechos de Montelongo

El presidente regional del PP, Asier Antona, declara como testigo. En el juicio se aclarará si la creación de una gestora en la isla por el comité regional se ajusta a la ley y a los estatutos del PP

Jueves, 1 de enero 1970

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El Ministerio Fiscal descarta que el comité regional del PP vulnerara los derechos de Águeda Montelongo nombrando la comisión gestora transitoria que supuso su destitución como presidenta del PP en Fuerteventura. Así se puso de manifiesto en el juicio celebrado este lunes en el Juzgado nº 6 de Puerto del Rosario, cuya titular es Ana María Sanz. Por la parte demandada declararon como testigos el presidente del PP en Canarias, Asier Antona, la secretaria general del PP en Canarias, María Australia Navarra, la actual secretaria general insular del PP en Fuerteventura, Esther Hernández, y el presidente de la comisión gestora transitoria, Carlos Esther. Por la parte denunciante estuvieron la destituida como presidenta insular del PP, Águeda Montelongo, y el que fue su secretario general insular y mano derecha, Carlos Figueroa.

A su salida de los juzgados, Asier Antona no hizo declaraciones a los medios, aunque sí el abogado que defiende al PP, Jorge Rodríguez, quien aclaró que se trataba de «un juicio ordinario en el orden civil, en absoluto penal», y que «los testigos que deponieron o presentaron sus testificales eran lógicamente testigos, no eran ni acusados ni se sentaban en ningún banquillo».

La parte demandante alegó que, con la gestora transitoria y el cese de Montelongo, el comité ejecutivo regional del PP habría vulnerado derechos fundamentales recogidos en la Constitución, la Ley de Partidos Políticos, así como los Estatutos y reglamentación interna del PP. Sin embargo, «hemos demostrado que eso no ha sido así en absoluto y si lo digo con rotundidad es porque también el Ministerio Fiscal llegó a adherirse a nuestro planteamiento y, por consiguiente, también afirmó que no había vulneración de derechos fundamentales», dijo Rodríguez.

El abogado que defiende la actuación del comité regional del PP recordó además que los estatutos nacionales del PP, en su artículo 40.1.e, «dejan claro que, cuando se dan circunstancias adversas o graves que estén haciendo que el funcionamiento de la organización territorial respectiva esté cuestionado por alguna razón, el comité ejecutivo regional puede adoptar el acuerdo de nombrar una comisión transitoria de gobierno que sustituya de forma inmediata y automática los órganos de gobierno existentes en ese momento» hasta la celebración de un próximo congreso para elegir nueva ejecutiva. Cuando habla de «circunstancias adversas», Rodríguez se refiere, entre otros aspectos, «a la expulsión de 120 afiliados por parte de doña Águeda Montelongo presidiendo el comité insular», una expulsión recurrida por los afectados ante el comité nacional de derechos y garantías «que resolvió declarando la nulidad radical de ese acuerdo adoptado por el comité insular».

Montelongo apunta a represalias políticas

Cuando acabó el juicio, Águeda Montelongo explicó ante los medios de comunicación que la creación de la gestora y su destitución como presidenta insular del PP había sido una represalia por parte del presidente regional del PP: «Creo en la verdad y aquí hubo un congreso regional en el que yo no apoyé a Asier Antona, pero Asier Antona tampoco apoyó a Pablo Casado y no por eso se le montó una gestora».

Con respecto a la expulsión del centenar de afiliados llevada a cabo por la ejecutiva insular que ella presidía, Montelongo dijo que «los Estatutos del PP son claros: nadie puede tener doble militancia». En este sentido, «habían muchas personas que estaban afiliadas a NC, a IU, al PSOE, y que habían concurrido en listas». Montelongo también dijo que decidió llevar su destitución a los tribunales «para defender mi integridad, mi honor, y para decirle a Fuerteventura que si yo no me defiendo a mí de un atropello de estas características nunca estaría legitimada para defender a Fuerteventura».

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