Pide 27 años de cárcel para Imanol Arias y 32 para Ana Duato por fraude

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06/03/2020

La Fiscalía acusa a los protagonistas de ‘Cuéntame’ de defraudar a Hacienda unos 16 millones de euros entre los dos, y pide 27 años de cárcel para Arias y 32 para Duato.

La Fiscalía Anticorrupción de a Audiencia Nacional pide 32 años de prisión para la actriz Ana Duato y 27 para Imanol Arias por varios delitos contra la Hacienda Pública en el marco del caso Nummaria. Se les acusa de haber evadido impuestos gracias a la actividad de un despacho de abogados dedicado presuntamente a construir y mantener una estructura jurídico-económica destinada a tal fin.

Por su parte, y según adelanta El Confidencial, la Abogacía del Estado –que representa a la Agencia Tributaria en el procedimiento– pide similares penas de prisión para ambos. En concreto, 28 años de cárcel para Ana Duato y otros tantos para Imanol Arias por fraude y multas que suman aproximadamente 16 millones.

El instructor del caso, Ismael Moreno, concluyó que el despacho Nummaria creó una estructura de sociedades «cuya única finalidad era la de evitar la tributación de los ingresos generados por su actividad profesional y mantener oculto el patrimonio acumulado de los beneficios que ésta les generó».

En el escrito de Fiscalía se solicita la apertura de juicio oral contra 31 personas, incluidos los dos actores, uno de los productores de la serie Cuéntamé como pasó –Miguel Ángel Bernardeu– y la hermana de Imanol Arias –Ana Isabel Arias Domínguez–, así como para cuatro entidades como responsables civiles, y coloca en el centro de la trama para evadir impuestos al propietario del despacho Fernando Peña.

Según este escrito, Peña, «con el fin de evitar que las actividades ilícitas que realizaba» bajo la cobertura de la asesoría fiscal fueran detectadas, creó un entramado de sociedades españolas a la par que controlaba múltiples sociedades en Inglaterra, Costa Rica, Canadá, Uruguay o Luxemburgo.

Esas sociedades –en número superior a doscientas– eran empleadas «tanto para facilitar la opacidad de las operaciones del despacho Nummaria, como para entregarlas a los clientes que deseaban emplearlas para la realización de las actividades ilícitas» investigadas en la causa.

Esa opacidad era buscada tanto frente a la Hacienda Pública como frente a otras terceras personas físicas y jurídicas que ostentaban algún derecho de crédito contra los encausados. «Los integrantes del despacho eran conscientes de que esas estructuras iban a ser utilizadas para realizar actividades delictivas», recuerda el Ministerio Fiscal.

Añade el escrito que las estructuras societarias creadas eran prácticamente idénticas para todos los clientes afectados del bufete Nummaria, y la finalidad de las mismas en la mayor parte de los casos era evitar la tributación por el Impuesto de Sociedades o el IVA de las sociedades operativas españolas o, en el caso de las personas físicas, por el IRPF.