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Yanes avisa de la demora en Dependencia, con demandantes que han fallecido

El Diputado del Común comparece ante la Comisión de Gobernación, del Parlamento de Canarias para exponer el Informe Anual 2021

EFE

La pandemia ha alejado a la administración pública de la ciudadanía, lo que era comprensible en 2020 pero «injustificable» el año pasado, ha afirmado este jueves el diputado del común, Rafael Yanes, quien ha advertido de que en Dependencia hay recursos pendiente de resolución desde 2014, con demandantes que probablemente han fallecido.

Rafael Yanes, que ha presentado el informe de la Diputación del Común correspondiente a 2021 ante la comisión de Gobernación, Desarrollo Autonómico, Justicia y Seguridad del Parlamento de Canarias, ha anunciado que el 26 de mayo llevará a la Cámara un dictamen extraordinario en materia de Dependencia, del que espera que marque « un punto de inflexión« para mejorar »de forma clara« la gestión en este ámbito.

La Dependencia es el asunto que más preocupación suscita entre la ciudadanía, que en 2021 presentó 3.671 quejas ante la Diputación del Común en relación con las administraciones públicas, y al respecto el titular de la institución ha precisado que si se suman las demandas de años anteriores, actualmente hay 5.099 expedientes en trámite.

Los datos confirman la línea ascendente de la institución como servicio público, hasta el punto de que en cuatro años se ha duplicado el número de personas que acuden a sus oficinas «para confiar sus problemas con la administración pública», ha dicho Yanes.

El diputado del común ha mostrado su satisfacción además por la respuesta de las administraciones, de manera que no se ha firmado ninguna declaración de obstruccionismo, y ha disminuido en un 63 por ciento el número de recordatorios del deber legal de responder y en un 52 por ciento el de advertencias.

Y para Rafael Yanes lo más llamativo de las «continuas» quejas presentadas es cómo « deja mucho que desear« la atención telefónica de la administración, sobre lo que ha indicado que el 012 funciona razonablemente bien y la Seguridad Social »lamentablemente mal«.

Sobre esta última entidad, que depende del Gobierno central, han aumentado casi un 96 por ciento las quejas y hay «un clamor» en Canarias por su comportamiento «inaceptable».

Entre los dos extremos hay multitud de cabildos, ayuntamientos y otras entidades públicas que tienen que mejorar «ostensiblemente» la atención telefónica porque «no puede ser que una persona telefonee y le conteste una máquina que le diga marque 1, 2, 5... en un laberinto burocrático en el que se pierden» muchos administrados.

Rafael Yanes ha subrayado que, cuando un ciudadano llama a una administración debe ser atendido por una persona aunque ello suponga un esfuerzo, al tiempo que ha arremetido contra las entidades que obligan a esperar «en la calle, de pie, al sol, bajo la lluvia... cuando luego entramos todos juntos al gimnasio, al supermercado y al restaurante. Es inadmisible».

En cuanto a las áreas de gestión, el 27 por ciento de las quejas recibidas se refiere a dependencia y discapacidad y Rafael Yanes ha remitido a profundizar en este ámbito cuando presente el informe extraordinario correspondiente la próxima semana, para añadir que la propia Dirección General del área admite que no tiene medios y se superan los plazos establecidos «en tres, cuatro u ocho veces».

En servicios sociales vuelve a ser recurrente el retraso en los expedientes de las pensiones no contributivas, con un plazo de tramitación de 90 días y una demora de hasta 500, y en la prestación canaria de inserción, con 60 días de plazo que en la práctica se alargan hasta los 300.

También ha indicado Yanes que las quejas por desahucio duplican las de 2020, aunque son la mitad de las recibidas en 2019 porque ha habido dos decretos para paralizar la ejecución de desahucios, pero todo apunta que «a partir de ahora va a volver a aumentar el número de quejas« por esta cuestión.

Para el Diputado del Común, ello pone en evidencia la escasez de vivienda pública en Canarias, con un parque de 16.000 inmuebles frente a los 60.000 del País Vasco, que además prohíbe por ley que se vendan y por ello siempre hay una cifra «potente» de casas para atender a las personas « que se ven en la calle«.

En materia de sanidad «una vez superada la pandemia» ha vuelto la realidad de las listas de espera, donde Canarias registra las peores cifras de España con una media de 118 días para un médico especialista y 144 para una operación, con más de 30.000 pacientes que sufren esta demora, y Rafael Yanes ha clamado por dotar de mayores recursos a este servicio público.

Al respecto, ha tenido una mención especial para las enfermedades raras, una situación que padecen 140.000 familias en el archipiélago, y ha pedido a la Consejería de Sanidad que cree un centro de referencia en este ámbito pues hay pacientes que tardan hasta 10 años en ser diagnosticados.

Respecto a la igualdad y violencia de género, ha subrayado que Canarias es la única Comunidad Autónoma que carece de un protocolo específico en materia de mutilación genital femenina, y ha indicado que en las islas hay identificadas 761 niñas en riesgo de sufrir esta práctica.

Además, el Diputado del Común se ha dirigido a los cinco cabildos de las islas no capitalinas y a los 88 ayuntamientos para recordar que tienen la obligación de contar con un protocolo de acoso sexual en el ámbito laboral.

Asimismo, la Diputación del Común ha iniciado una actuación de oficio al percibir discriminación hacia la mujer en las bases de acceso a las policías locales, en comparación con los cuerpos de seguridad autonómicos.

El titular del organismo, que ha recordado a los diputados que «evidentemente la Diputación del Común recibe las quejas y no las felicitaciones« por la labor pública, ha recomendado asimismo que se cree un Instituto de Bienestar Animal que centralice las políticas en este ámbito, con participación de las federaciones canarias de Islas y de Municipios, Fecai y Fecam