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Uno de los concejales de Clavijo, imputado en el caso grúas

Uno de los concejales de Clavijo, imputado en el caso grúas

Jueves, 1 de enero 1970

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Antonio Pérez Godiño, actual portavoz de Coalición Canaria (CC) en el Ayuntamiento de La Laguna y concejal de Seguridad cuando el ahora presidente del Gobierno, Fernando Clavijo, era alcalde del municipio, ha sido imputado por la juez que instruye el caso grúas.

Santa Cruz de Tenerife

En la providencia, que fue notificada la tarde de este jueves a las partes, la magistrada Celia Blanco cita a declara el próximo 4 de diciembre a Antonio Pérez Godiño en calidad de investigado en el caso grúas. También están citado para ese mismo día, pero como testigos, los dos técnicos que se hicieron cargo de manera provisional de la gestión del servicio de recogidas de vehículos en la vía pública en el año 2014.

La decisión de llamar a Pérez Godiño marca un camino que inexorablemente llevará hasta Fernando Clavijo y, por tanto, al traslado del caso grúas del Juzgado de Instrucción número 2 de La Laguna al Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) dada la condición de aforado del presidente del Gobierno. De momento, la jueza está siguiendo la hoja de ruta marcada por la Fiscalía, consistente en avanzar en la investigación y esperar a que haya pruebas de mayor envergadura para pasar el caso al TSJC.

Pérez Godiño fue el responsable de la firma de uno de los tres decretos cuestionados por el interventor municipal (los otros dos los firmó Clavijo) relacionados con el rescate y la prolongación de la concesión administrativa del servicio de grúas en La Laguna una vez que la empresa concesionaria, arruinada por los impagos del Ayuntamiento, es comprada por siete trabajadores -que ya han declarado como testigos-.

Pérez Godiño, que es esposo de Marisa Zamora, la histórica dirigente de la Agrupación Tinerfeña de Independientes (ATI-CC), exconsejera de Sanidad y ahora concejal en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, en concreto firmó el decreto por el que se decide prorrogar, dentro de la medida cautelar de asunción temporal de la gestión del servicio, el servio de retirada de vehículos de la vía pública, adjudicada a Autogrúas Poli SL por un periodo de cinco años, de 2014 a 2019 y por un importe máximo anual de 650.000 euros.

En su declaración el pasado martes como testigos,los antiguos propietarios de Autogrúas Poli admitieron que conocían y mantenían relación con Fernando Clavijo, un hecho de gran relevancia porque confirma la línea argumental de Unid@s Se Puede y Por Tenerife-NC, en la oposición en el Ayuntamiento de La Laguna, que en abril de esta año -aunque el caso se remonta a 2014- denunciaron ante los tribunales a Fernando Clavijo y al actual alcalde lagunero, José Alberto Díaz, ambos de CC, por los presuntos delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias, todos incluidos en el catálogos de delitos vinculados con la corrupción.

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