Una treintena de ONG critican su exclusión de las ayudas del IRPF
Las entidades han presentado un escrito ante el Parlamento de Canarias en el que denuncian el «reparto injusto» de las subvenciones acogidas al 0,7% social y entienden que benefician a las grandes organizaciones. Piden a Derechos Sociales acceder a los fondos de manera estable
Una treintena de organizaciones no gubernamentales han registrado una carta en el Parlamento de Canarias en la que denuncian el «injusto y desequilibrado» reparto de las subvenciones derivadas del IRPF social por parte de la Consejería de Derechos Sociales porque entienden que excluyen a las entidades más pequeñas. Critican al respecto que las organizaciones con mayor tejido social y económica se han visto beneficiadas con estas prestaciones «como si valieran más o realizaran mejor su trabajo que las que atendemos a nivel autonómico, insular, local o en atenciones más concretas».
En este sentido, subrayan que de un presupuesto de casi ocho millones que se han distribuido, el 59,04% queda en manos de dos organizaciones. «Además, varias de ellas se presentan también al IRPF nacional y en algunos casos también reciben fondos de la casilla de la Iglesia en la declaración de la renta». A esto, agregan, «se le suman las subvenciones nominativas que superan los 100.000 euros cada una de ellas».
Las ONG denunciantes, que valoran y defienden el trabajo de las entidades seleccionadas en la convocatoria, entienden que el problema es «la forma en la que se están repartiéndolos fondos públicos destinados a cubrir necesidades incluidas en los derechos de los ciudadanos, sin valorar la labor y el trabajo de las que son específicamente autonómicas y de mediana o pequeñas dimensiones».
Este «agravio» viene unido a la forma de planificación de la convocatoria, que en su opinión, sale demasiado tarde «para el año en curso», lo que obliga a las organizaciones a «adelantar y arriesgar unos fondos, que luego no es posible reponerlo con las subvenciones, abocando a muchas de ellas a trabajar con un déficit. Del resultado de la adjudicación en esta convocatoria del año 2019, la dinámica de trabajo de las pequeñas y medianas ONG, ha quedado absolutamente herida y de las entidades firmantes, 222 personas verán afectados sus puestos de trabajo, bien por no poder renovar o mantener los contratos, bien porque no se pueden efectuar nuevas contrataciones.
Estas ONG demandan que se desarrolle la Ley de Servicios Sociales y sus decretos, con el fin de que se puedan acceder a los conciertos, necesarios para una estabilidad y calidad en los servicios que se desarrollan en la comunidad autónoma.
El diputado del Partido Popular, Poli Suárez, se dirigió a la consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana, en el último pleno parlamentario para abordar la situación de estas organizaciones y calificó de nefasta la gestión que está realizando el Gobierno de Canarias, una cuestión, explicó, que ya se ha resuelto en otras comunidades autónomas.
A juicio de Suárez, es «imperdonable» que 11 meses después de la constitución del Ejecutivo autonómico, la responsable de Derechos Sociales «aún no se haya sentado con las entidades del tercer sector» para consensuar una propuesta de modificación de unas bases singularizadas en Canarias para posteriormente trasladarlas al Estado.
Insiste el parlamentario popular en que se deben buscar soluciones «reales» a un problema que afecta a muchas entidades, la mayoría pequeñas, que son las que están al lado de muchas personas que lo están pasando especialmente mal en estos momentos. Ante esta situación, exige que se articulen actuaciones «eficaces» buscando la forma para que compitan de forma «equilibrada y justa».
