Caso Mascarillas: el pacto cierra filas con Domínguez, que no aclara las dudas

El caso Mascarillas regresó este miércoles al Parlamento con las comparecencias en la Comisión de Sanidad del consejero de Sanidad, Blas Trujillo, y del director del Servicio Canario de Salud, Conrado Domínguez.

El protagonismo lo asumió de entrada Domínguez, tras una primera intervención de Trujillo que se limitó a dar los buenos días y ceder la palabra al director del SCS, que consumió sus diez primeros minutos en explicar el contexto de la pandemia en su fase inicial.

Domínguez detalló cómo la falta de suministros de material médico fue generalizada y cómo la normativa habilitada por el Gobierno central en el marco del estado de alarma permitía contrataciones exprés, con pagos anticipados, y amparadas en la situación de la emergencia.

En esa primera intervención, Domínguez no mencionó el contrato fallido con la empresa RR7. Acto seguido, Trujillo avaló que la situación excepcional permitía contratos incluso superiores al millón de euros sin habilitación expresa del Consejo de Gobierno.

En el turno de los partidos, el pacto regional cerró filas en torno a Conrado Domínguez. Sobre todo lo hicieron el PSOE, Nueva Canarias y ASG, mientras que Podemos incidió en que se aclare lo ocurrido.

En el caso de la oposición, sorprendieron los discursos diferentes de Vidina Espino, del Grupo Mixto pero ya 'fichada' por Coalición Canaria, y el diputado de CC José Alberto Díaz Estébanez. La primera se mostró convencida de que lo dice Domínguez es «cierto», mientras que el diputado tinerfeño no solo cargó contra el director del SCS, sino que volvió a señalar las «responsabilidades» de Julio Pérez y Antonio Olivera, así como el presidente Ángel Víctor Torres. Díaz Estébanez recordó que Pérez era consejero de Sanidad cuando se inicia el contacto con RR7, Olivera era director del SCS y Torres presidía el comité de la emergencia sanitaria.

Menos vehemente que Díaz Estébanez pero contundente en el contenido fue el diputado del PP Miguel Ponce, que denunció que el Gobierno se «lava las manos».

Tras ese turno de los partidos, Conrado Domínguez apenas aclaró las dudas planteadas. Sí subrayó que nadie le había pedido dimitir.

La Fiscalía Anticorrupción ha presentado querella contra Domínguez, la que fuera directora general de Recursos Económicos de Sanidad, Ana María Pérez. Y el administrador único de RR7, Rayco González.

La Fiscalía ve indicios de prevaricación y tráfico de influencias (en el caso de los directivos sanitarios) y estafa agravada y blanqueo de capitales en cuanto al empresario.