Anticorrupción pide que el Gobierno aclare quién más conocía las gestiones de Domínguez

En su querella, el fiscal Javier Ródenas se interesa también por conocer si había una habilitación expresa a Conrado Domínguez, que entonces era secretario general técnico de la Consejería de Obras Públicas -fue nombrado director del Servicio Canario de Salud en 2020- para 'activar' un contrato como ese.

En concreto, el fiscal pide al juzgado que «se emita urgente requerimiento al Comité de Gestión de Emergencias Sanitarias de Canarias para que por funcionario público competente se emita certificación de la identificación nominal de la totalidad de los miembros que compusieron el Comité durante las fechas de marzo de 2020 hasta la fecha de diciembre de 2021. Igualmente se interesa que se emita informe -por el funcionario público competente-comprensivo de las siguientes cuestiones:

-Fecha del nombramiento de sus miembros, funciones y ámbito competencial.

-Si tuvo conocimiento el Comité de la adjudicación a la mercantil RR7 United Limited SL del contrato público de suministro de un millón de mascarillas N95 modelo 1860 de la marca 3M.

-Si Conrado Jesús Domínguez Trujillo informó con carácter previo al envío del mensaje de texto (en la fecha de 24/5/2020) en el que solicitó, a la directora general de Recursos Económicos del Servicio Canario de la Salud, la adquisición a la empresa RR7 United Limited SL un millón de mascarillas N95 modelo 1860 de la marca 3M al resto de los miembros del Comité.

-Si por el contrario se trató de una decisión autónoma y exclusiva de este miembro del Comité.

-Si la decisión estaba dentro de las facultades del miembro del Comité.

-Si contaba con la habilitación legal por el mero hecho de ser miembro del Comité.

-Si el resto de los miembros del Comité estaban al corriente de las negociaciones vía WhatsApp con los intermediarios de la mercantil RR7 United Limited SL y Conrado Jesús Domínguez Trujillo con identificación de los miembros que las conocían, caso de haberlos.

-Si existía un reparto por áreas correspondiendo la contratación de los suministros de Sanidad a Conrado Jesús Domínguez Trujillo.

-Si estaban sometidas a revisión o autorización previa, votación de la mayoría o cualquier otra forma de visto bueno a las contrataciones negociadas por el miembro del Comité, Conrado Jesús Domínguez Trujillo (...)».

Como se recordará, la Fiscalía Anticorrupción formuló querella contra Conrado Domínguez, la que fuera directora general de Recursos Económicos de Sanidad y el empresario Rayco González -administrador único de RR7- por los presuntos delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias (relativos a los dos primeros) y estafa agravada y blanqueo de capitales (en el caso del empresario).

Asimismo, el Tribunal de Cuentas del Estado mantiene abiertas diligencias por indicios de responsabilidad contable de la administración autonómica en ese expediente. Esas diligencias incorporan el preinforme elaborado por la Audiencia de Cuentas de Canarias, que fiscalizó los contratos realizados en el inicio de la pandemia y que apreció precisamente esos indicios de responsabilidad contable en el firmado con RR7.

A día de hoy, la Agencia Tributaria no ha logrado recuperar los 4 millones y el millón adicional en intereses de demora.

4 millones de euros pagó el Servicio Canario de Salud a RR7 por un millón de mascarillas que nunca fueron entregadas.

El contrato se gestionó con gran celeridad y se hicieron dos pagos.

El segundo de los pagos se hizo a pesar de que Sanidad ya contaba con informes desfavorables en contra.

La Agencia Tributaria ha intentado en una docena de ocasiones recuperar el dinero vía apremio. Sin éxito.