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El edificio de los antiguos Cines Royal, con un cartel de LIC en la cristalera. Arcadio Suárez
El Tribunal de Contratos, adscrito a Hacienda, rechazó un recurso contra la adjudicación del Royal
Caso Koldo

El Tribunal de Contratos, adscrito a Hacienda, rechazó un recurso contra la adjudicación del Royal

Obrascon-Huarte-Laín recurrió al ente adscrito a Hacienda. La Agencia Tributaria reconoció un «error» parcial pero se mantuvo la contrata

Francisco Suárez Álamo

Las Palmas de Gran Canaria

Domingo, 10 de marzo 2024

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El Tribunal Administrativo de Contratos Públicos, ente dependiente del Gobierno de Canarias, fue alertado a finales de mayo de 2022 de presuntas irregularidades en la adjudicación a la empresa Levantina, Ingeniería y Construcciones SL (LIC) de la licitación por 6,5 millones de euros para la reforma de los antiguos Cines Royal y adecuar el inmueble como sede de la Agencia Tributaria Canaria en la capital grancanaria.

El citado tribunal se define, según se puede leer en su propia página página web, como «el órgano unipersonal de carácter administrativo especializado en materia de revisión de procedimientos de contratación. Se encuentra adscrito orgánicamente al Departamento competente en materia de contratación, la Consejería de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea». Está presidido por Pedro Gómez Jiménez.

El recurso, al que ha tenido acceso este periódico, fue presentado por la unión temporal de empresas conformado por Obrascon, Huarte y Laín, titular de una de las ocho propuestas presentadas a la citada licitación.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que sigue el rastro del llamado caso Koldo, alertó al juez instructor de la sospechosa coincidencia del que fuera asesor del ministro José Luis Ábalos y el empresario constructor José Ruz en un hotel de Las Palmas de Gran Canaria. Fue en febrero de 2022 y tres días de ese viaje y su estancia en el hotel Exe, en La Isleta, la Agencia Tributaria Canaria, dependiente de la Consejería de Hacienda (con Román Rodríguez entonces al frente), lanzó esa licitación. En mayo, se resolvió la adjudicación a LIC.

¿Quiénes integraban la mesa de valoración?

Fue presidida por Silvia María Rosselló Hernández, con Máximo Bautista García como suplente. El secretario fue Isidoro Jesús Díaz Curbelo, con Laura Díaz Mora de suplente. Los vocales fueron María Trinidad Domínguez Díaz, (suplente Tania Tabares Lorenzo); Raúl Perdomo Cabrera, (suplente Jorge Luis Jiménez Ramos); y Martín L. Muñoz García Borbolla (suplente Mónica Torres Lista). La Intervención General designó como vocal interventor a Francisco Jesús Pérez Henríquez (suplente Leonardo René Marrero Medina).

En el recurso, Obrascon-Huarte-Laín cuestiona las valoraciones hechas por la mesa designada al efecto. Señala que en uno de sus fundamentos da más puntuación a LIC pese a que el argumentario esgrimido en la resolución es exactamente igual para su oferta y para la de otra empresa que concurrió, sin que aparezca justificación de esa diferencia en la baremación a favor de LIC.

Según la documentación de la Agencia Tributaria Canaria, LIC fue la mejor valorada, con 94,24 puntos; le siguió Comsa, con 92,58; tercera fue Obrascon-Huarte-Laín, con 91,33; y luego VVO, con 90,66; Satocan, con 86,03; la Ute integrada por Insae Infraestructuras y TR Construya, con 85,82; FCC Industrial e Infraestructuras Energéticas, con 82,15 y Construplan, con 74,68.

Después de pedir alegaciones a la Agencia Tributaria, el Tribunal de Contratos recibió con fecha de 13 de junio un escrito de ese ente dependiente reconociendo que el recurrente tenía razón en una de sus observaciones: «Se ha producido un error al no tenerse en cuenta en el Diagrama de Gantt la inclusión de los datos 'fecha de comienzo' y 'fecha de fin' de cada unidad de obra». Por ello, la propia Agencia Tributaria entendió que sí debía ser considerada esa parte de la reclamación.

En relación al segundo argumento del recurrente, relativo a la ausencia del dato 'factor de corrección', la Agencia Tributaria lo rechaza. Alega que «el criterio de valoración en el que se encuadra este apartado dentro del (pliego) se fundamenta en criterios cualitativos, cuya cuantificación depende de juicio de valor. En este sentido, el 'factor de corrección' es considerado como uno de los parámetros cuya ausencia no es excluyente, pero su inclusión se valora positivamente, para obtener una comprensión clara y concisa de la información ofertada sobre la programación de la obra».

Había un tercer argumento en el recurso, que la Agencia Tributaria alegó que no debía ser considerado: «La ausencia de medición en el Diagrama de Gantt por estar expresamente prohibido en el (pliego)».

La empresa recurrente no presentó alegaciones posteriores y el presidente del Tribunal de Contratos procedió a resolver: lo hizo rechazando el recurso y dando por buena la adjudicación.

Tras meses de trabajos en el inmueble, LIC se declaró insolvente a finales del pasado año. El edificio sigue cerrado y en su cristalera en la planta baja se pueden ver aún carteles de la empresa de José Ruz. El citado constructor no está investigado en el caso Koldo, pero la UCO sí ha informado al juez de reuniones en la marisquería La Chalana, lugar habitual de encuentros de Koldo García con otros investigados. Asimismo, la Guardia Civil ha encontrado que las empresas de Ruz facturaron más de un centenar de millones en obra pública en la etapa de José Luis Ábalos como ministro. También formalizó contratos con los gobiernos de Valencia, Baleares y Aragón, además de Canarias, todos ellos presididos por el Partido Socialista.

La Comunidad Autónoma de Canarias ha invertido en torno a 25 millones de euros en el edificio de los antiguos Cines Royal. Se compró el inmueble hace cinco años por 17 millones de euros, se habilitaron 6,5 millones de euros para esa reforma interior que quedó inconclusa y a eso se añade una reciente adjudicación para la vigilancia del edificio. El personal de la Agencia Tributaria Canaria lleva, de facto, cinco años esperando por la mudanza anunciada en su día por el Gobierno regional.

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