Transparencia, también en cuarentena
Ninguna petición de acceso a la información está siendo atendida por el Gobierno de Canarias desde que comenzó el estado de alarma, aunque el departamento baraja levantar la suspensión solo para lo relacionado con la pandemia
Ningún ciudadano que pida al Gobierno de Canarias información de cualquier tipo no obtendrá respuesta alguna aunque la Ley Canaria de Transparencia y Acceso a la Información le dé derecho a ello.
En réplica con el Gobierno del Estado, el Ejecutivo autonómico ordenó la «suspensión de los procedimientos administrativos» desde el primer decreto ley que aprobó y esto «afecta» a la Ley de Transparencia, reconoce la directora general competente en esta materia, Marta Saavedra.
Los comisionados de transparencia de varias comunidades autónomas, incluido el de Canarias, consideran excesivamente «restrictiva» esta regulación, aun comprendiendo que en la Administración los «mayores esfuerzos se han centrado en afrontar la emergencia sanitaria», como dice Saavedra. Ésta admite que tal regulación «podría haber sido matizada», pero también «entiendo que las comunidades autónomas lo pueden corregir».
En eso precisamente está ahora mismo la directora general, quien avanza la posibilidad de que en próximas fechas se levante ligeramente la suspensión, tanto en la atención a las peticiones que se reciban, como a las resoluciones que se emitan. No obstante, volverá a seguirse el antecedente estatal puesto que esta flexibilización «solo será para las peticiones de información relacionadas con la covid-19», puntualiza.
La directora general explica que la atención a las peticiones no solamente se han congelado por imperativo legal, sino también porque «en algunos casos, los funcionarios deben de consultar documentos que se encuentran en soporte papel y, con el confinamiento, esto se complica bastante».
De todos modos, Marta Saavedra asegura que su departamento ha estado haciendo otras cosas y menciona la apertura de los datos de gestión y monitorización de la crisis del coronavirus en Canarias. El siguiente paso será la publicación de los contratos relacionados con la pandemia, una vez que también el Gobierno central los ha empezado a hacer públicos al obligarle la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado.
«Éste es un procedimiento mucho más complejo -explica Saavedra- puesto que para esta labor se deben implicar varias áreas del Gobierno» que además, ha sido reorganizado.
