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La consejería de Transición Ecológica que dirige José Antonio Valbuena cuenta con la mayor cantidad presupuestaria de su historia para lo que el Gobierno de Canarias ha denominado la «transformación verde» y que pretende centrar sus esfuerzos en la creación de un marco normativo que sirva de hoja de ruta no solo para esta legislatura sino a largo plazo, y en el reto de conseguir la autosuficiencia energética de las administraciones públicas, sirviendo de ejemplo al resto de empresas.
En concreto, se pretende instalar placas solares y baterías en todos los edificios gestionados por las administraciones públicas, sean titularidad de ayuntamientos, cabildo, gobierno o estado. «Lo que queremos es avanzar donde canarias no lo ha hecho», indica Valbuena. «Tenemos perfectamente detectadas cuáles son sus necesidades, el potencial que tiene cada uno de generación fotovoltaica, la capacidad de almacenar esa energía y lo tenemos cuantificado económicamente», añade. El consejero calcula que el proyecto requerirá una inversión en torno a los 400 o 450 millones de euros para llegar a una autosuficiencia del 80% y ello supondría un ahorro en la factura energética de hasta 25 millones anuales.
El objetivo, apunta, es que exista un compromiso de revertir esas partidas en ayudas directas para la penetración de las energías renovables a nivel doméstico y de pequeños empresarios, multiplicando por dos el efecto de la inversión europea. «Con este proyecto podríamos adelantar en los próximos seis años de manera muy importante la dependencia energética de los combustibles fósiles», explica.
590 millones tiene confirmados Canarias entre las partidas que el Ministerio para la Transición Ecológica destinará a la acción climática, de los que 460 se corresponden con energías renovables. A estos se suman 1.500 millones de fondos europeos 'Next Generation' en forma de subvenciones, ayudas directas o proyectos.
Estos objetivos, sin embargo, están sujetos a si los fondos llegan en el tiempo estimado. Desde el Gobierno de Canarias, Valbuena asegura que se están articulando todos los mecanismos posibles para gestionar de la manera más eficiente esas ayudas, aunque indica que se trata solo de un primer paquete para el que el Ministerio de Transición Ecológica destinará a energías renovables en las islas 460 millones de euros. Conforme se vayan liberando los fondos , irán solicitando otros al estado para el resto de proyectos que plantea la consejería, como una mayor penetración del vehículo eléctrico, puntos de recarga, pequeños grupos de producción de hidrógeno asociado a los movimientos pesados o parques de almacenamiento a nivel de subestaciones.
En total, Canarias tiene asegurados 590 millones de euros, entre ellos 40 millones para coches eléctricos, 25 millones para economía circular, 47 millones en tratamiento y depuración de aguas y 19 millones para el convenio de costas. A esto se suman otros 1.500 millones de los fondos 'Next Generation' a los que aspira el Gobierno regional.
Por otro lado, Valbuena insiste en que el instrumento más importante para trazar estrategias sigue siendo el normativo. En este sentido, prevé que para esta legislatura queden aprobadas tres leyes que considera fundamentales: la Ley Canaria de Cambio Climático y Transición Energética que prevén tramitar en el parlamento durante el próximo trimestre; la Ley de Biodiversidad y Recursos Naturales, cuyo borrador inicial también presentarán en este periodo para una primera toma en consideración del Consejo de Gobierno y, a la vuelta del verano, hará lo propio con la Ley de Economía Circular. Respecto a la primera, además, destaca la creación del Observatorio del Cambio Climático, un instrumento permitirá a todos los agentes de la sociedad canaria afinar sus actuaciones en la gestión y la transición energética. «Uno no puede realizar las tareas que le incumben si no tiene datos, y los primeros que se deben obtener son los de la huella de carbono». explica el consejero.
Con estas bases, continúa, Canarias no tendrá excusa durante las próximas décadas para no hacer la tarea en materia de sostenibilidad, porque «estará perfectamente definida y no habrá espacio para la improvisación».
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