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Con la consigna «los que estamos nos quedamos», los empleados públicos temporales salieron de nuevo a la calle para reclamar a la administración autonómica que valore su experiencia y les dé estabilidad laboral sin tener que pasar por una prueba de libre concurrencia.
Siguiendo con el calendario planteado por el comité de huelga, los empleados de la Administración General de la comunidad autónoma en abuso de temporalidad volvieron a manifestarse ayer ante Presidencia del Gobierno para exigir que se ejecute el acuerdo alcanzado por la Consejería de Administraciones Públicas en abril del año pasado, en el que se permitía la permanencia de todo el personal afectado por esta situación.
Este pacto pasaba por «identificar y catalogar» a las personas en abuso de temporalidad para, posteriormente, «establecer los mecanismos necesarios para su permanencia».
Sin embargo, este proceso fue cancelado y nunca se buscó la fórmula jurídica para desarrollarlo. Según explica la portavoz del comité de huelga -en el que se integran Intersindical Canaria y Cobas- y de la Plataforma de afectados por abuso de temporalidad (Pefralca), Yolanda Cívicos, «el Gobierno entiende que con la ley estatal para la reducción de la temporalidad aprobada en diciembre se da respuesta a nuestra situación».
Con esta posición, el departamento de Administraciones Públicas mantiene cerrada cualquier vía de contacto con los representantes de estos trabajadores «porque considera que ya ejecutó el acuerdo, el asunto está concluido y no ve espacio para nosotros».
Además de incumplir el acuerdo alcanzado, los afectados entienden que los dos procesos extraordinarios abiertos en cumplimiento con la ley estatal les perjudica gravemente porque «son de libre concurrencia».
Ante esta situación, indica Cívicos, la única opción que tienen es presentarse a esta convocatoria «que no cumple en absoluto con lo que dice el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que habla de fijeza directa, proceso restringido o indemnización económica».
En paralelo a este intento por mantener contacto con la administración y buscar una salida negociada a su situación, los trabajadores mantienen la vía judicial.
Los trabajadores en abuso de temporalidad consideran que el Gobierno de Canarias «nos está enviando al matadero» al plantear unas convocatorias de libre concurrencia a la Función Pública.
A juicio de la portavoz Yolanda Cívicos, en estos procesos abiertos se pretende dar estabilidad a las plazas «por encima de las personas que las llevamos ocupando muchos años».
Esta fórmula, apunta, es contraria a la que plantean no solo los empleados públicos afectados sino el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Además, denuncia que Administraciones Públicas «ni siquiera cumple con lo que establece la ley estatal, porque no salen a concurso todas las plazas que debería y habrá menos plazas convocadas que personas en abuso»
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