Torres mantiene el apoyo de los partidos con la única excepción del PP
El presidente del Gobierno volvió a reunirse ayer con el consejo asesor y los grupos parlamentarios quienes demandaron que reclame al Estado la posibilidad de invertir el superávit en políticas sociales y económicas
El presidente canario, Ángel Víctor Torres, mantiene el respaldo de los grupos parlamentarios a su gestión de la crisis sanitaria y económica a excepción del Partido Popular, cuya presidenta en el Archipiélago, Australia Navarro, abrió ayer una brecha al manifestar su preocupación por las actuaciones que «ha tomado y está tomando el Gobierno» frente a la pandemia del coronavirus. A juicio de la dirigente popular, las actuaciones del Ejecutivo «se están desarrollando tarde y, en muchos casos, mal», por lo que le ha pedido mayor efectividad e inmediatez.
La de Navarro fue la única voz discordante en el tercer encuentro que el presidente mantuvo con los portavoces parlamentarios -también se reunió con su consejo asesor- y en el que éstos han seguido exponiendo algunas propuestas económicas para atender a las necesidades económicas que se están generando por las actuaciones adoptadas para frenar la pandemia. Sí coincidieron todos los representantes políticos en demandar más medidas de protección para el personal sanitario así como más equipamiento para garantizar una efectiva atención a la ciudadanía.
Respecto a las iniciativas económicas, el dirigente de Coalición Canaria, José Miguel Barragán, destacó que las medidas que se están adoptando por parte del Gobierno de España incidirán en la solvencia de los autónomos, por lo que entiende que, además de ser firmes en luchar contra la enfermedad, se debe «evitar que todo nuestro tejido económico colapse». En ese sentido entre las últimas propuestas de los nacionalistas se contempla la suspensión temporal de impuestos y cotizaciones «ya que no es suficiente un aplazamiento cuando el principal problema que se encuentran hoy las pymes y los autónomos es un descenso, en algunos casos hasta el cero, de su facturación».
A su vez, agrega, se necesita mantener la flexibilidad interna de las empresas de tal forma que la Seguridad Social cubra las bajas de los autónomos y de sus trabajadores desde el primer día. Sobre la decisión anunciada el pasado viernes, y recogida el sábado en el BOE, de prohibir los despidos durante la duración de esta crisis sanitaria, Barragán propuso una «revisión» de la medida.
También la portavoz de Ciudadanos, Vidina Espino -que trasladó al presidente su «lealtad y colaboración»-, planteó al Ejecutivo regional propuestas que protejan a los autónomos en este escenario de paralización de la economía. En este sentido, planteó medidas «más contundentes para ayudar a los autónomos y las pymes, que son los que generan el 80% del empleo en Canarias», puntualizó, a la vez que indicó que el objetivo debe ser «evitar que se destruya empleo» en la comunidad autónoma.
Al respecto, la portavoz de la formación naranja propone la eliminación de la cuota a los autónomos en aislamiento preventivo, contagiados o que tengan cero ingresos. Además, expresó el apoyo de su grupo al Gobierno de Canarias «a la hora de reclamar al Estado que permita a Canarias usar el superávit de sus cuentas en la asistencia social y sanitaria, para hacer frente a la crisis del coronavirus».
Ciudadanos criticó el retraso del Estado a la hora de autorizar «a una comunidad autónoma que está entre las menos endeudadas por habitante, cuando en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera se acordó aumentar una décima el déficit y no hubo que pedir ningún permiso a Bruselas».
También el portavoz de Podemos en el Parlamento regional, Manuel Morales, insistió en la reunión con el presidente en que, para paliar la crisis económica y social de la pandemia, hay medidas que dependen de la Unión Europea (UE) y otras del Gobierno de España, «pero otras dependen directamente de Canarias y se deben empezar a poner en marcha». Entre ellas, citó el uso de la RIC para generar empleo y cooperar con la salida de la crisis «y nunca para comprar deuda». Marrero hizo hincapié en que los recursos de la RIC deben estar disponibles cuando finalice el estado de alarma para la recuperación del empleo.
Rechazó políticas «austericidas» que quiere imponer Bruselas y «seguimos reivindicando el uso del superávit y la necesidad de que se nos permita el endeudamiento público para garantizar los derechos de la ciudadanía»
