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Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y presidente de la Comisión Interministerial de Inmigración. Efe
Torres exige al PP que garantice con claridad su apoyo al reparto de menores

Torres exige al PP que garantice con claridad su apoyo al reparto de menores

El ministro de Política Territorial avanza que la decisión sobre el cambio normativo pendiente «está en su fase final»

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Jueves, 29 de febrero 2024, 12:58

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El ministro de Política Territorial y presidente de la Comisión Interministerial de Inmigración, Ángel Víctor Torres, reclamó ayer al Partido Popular (PP) que abandone la ambigüedad y exprese con claridad su apoyo al reparto obligatorio de los menores migrantes no acompañados que llegan a Canarias. «El PP tiene que hablar claro, tiene que decir que sí a que exista un mecanismo de Estado para la distribución de los menores», expuso.

Durante su participación en un desayuno informativo organizado por Europa Press, el ministro recordó que en los años 2022 y 2023 se presupuestaron 50 millones para las autonomías que acogieran a los menores, y aseguró que si hasta ahora no ha funcionado es por las reticencias de algunas comunidades gobernadas por la derecha. «¿Qué falla? Falla que Vox no quiere inmigrantes en sus territorios, que dirigentes autonómicos como la presidenta de Madrid dice que le mandamos inmigrantes de noche, falla que se habla de 300 menores cuando en Canarias hay más de 5.000, y que no se colocan en la realidad de los territorios frontera quienes no los son», expuso. Torres criticó a las autonomías que «quedan muy bien» diciendo que quieren recibir menores, pero luego «miran para otro lado» y puso como ejemplo que Asturias, con una población que ronda el millón de personas haya acogido a más chicos que Madrid, que es una comunidad de varios millones. «Es fundamental que el PP diga sí», insistió.

En cuanto a la modificación normativa necesaria para que el reparto de los menores se convierta en vinculante, el ministro aseguró que el proceso para decidir la fórmula jurídica más adecuada está «en la fase final». Se trata, dijo, de un trabajo jurídico complejo que afecta a varias leyes y requiere el acuerdo de las comunidades autónomas, pero aseguró que están trabajando para que se pueda llevar a cabo lo más rápido posible».

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