Torres: «Canarias se revirará si dejan aquí a los inmigrantes»

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, se reafirmó este martes en el pleno del Parlamento que el Ejecutivo regional se ha plantado «cara a cara» frente al gobierno de Pedro Sánchez para exigir soluciones en la gestión de la inmigración. «Claro que se puede mejorar, pero lo que hacemos es exigir a quien tiene competencias que las ejecute y que lo haga de la mejor manera posible», indicó citando como ejemplo la carta remitida al Ministerio del Interior en la que se exigía el desmantelamiento del campamento en el muelle de Arguineguín.

Torres se pronunció así en respuesta a las críticas por falta de contundencia y la pregunta de la diputada del grupo Mixto Vidina Espino, de Ciudadanos, sobre las acciones que piensa tomar su gobierno. La portavoz parlamentaria indicó que si bien la responsabilidad recae en el Gobierno central y la Unión Europea, «ignoran la situación que se vive en esta tierra o no importa». De esta manera, pidió al presidente canario no aguantar «más mentiras» ni el «maltrato» a las islas.

«Nos vamos a revirar si quieren que toda la inmigración se quede en Canarias», respondió Torres. «Tiene que haber una política estatal de solidaridad por parte de otras comunidades y por ello le pido que intente convencer a sus compañeros de Madrid, que no tienen la presión de menores no acompañados para que también colaboren con nosotros».

El presidente canario aseguró que su Gobierno no puede ser reprochado en este sentido cuando se está acogiendo a 2.600 menas, una cantidad por encima de la capacidad de las islas, ni tampoco en cuanto a exigir transparencia, refiriéndose a las dudas planteadas por el Partido Popular sobre los datos de criminalidad ofrecidos por el Delegado del Gobierno de Canarias.

Por otro lado, Torres confirmó que existe un tránsito reglado de inmigrantes hacia la Península, lo que significa que «cualquier persona que pueda transitar por el Estado lo pueda hacer» y si bien la situación pandémica interpone dificultades en la movilidad por los cierres perimetrales, reclaman que no haya diferencias entre un inmigrante irregular que tiene derecho a ello y cualquier otra persona. «Lo que no se puede permitir es que la ultraderecha siga diciendo que es una traición trasladar a esas personas».

Sobre los acuartelamientos de Las Raíces y de Las Canteras, en Tenerife, el portavoz y consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez aseguró que son conscientes de su capacidad pero no del número de derivaciones que el Gobierno de España tiene previsto realizar desde otras instalaciones. «Independientemente de la cifra, lo que se exige es que los campamentos no pueden convertirse en estancias definitivas sino en un paso que conduzca a su derivación, repatriación o expulsión».

«La actitud del Gobierno, en lugar de querer erradicar la cuestión, está convirtiendo a Las Raíces en un problema y se está jugando con lo más preciado que tiene nuestra tierra: su imagen». El diputado Manuel Domínguez González, del grupo Popular criticó la falta de compromiso del Ejecutivo regional, a quien considera «cómplice» del abandono de Sánchez, antes de pedir la dimisión del consejero. Pérez, por su parte, afirmó que el problema de la inmigración no se solucionaría ni con el cese de su actividad ni con la puesta en marcha del Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE) que está en proceso de colocar en el Risco de Famara, en Lanzarote. La preocupación por su operatividad ha sido expresada nuevamente por el diputado del grupo Nacionalista, Oswaldo Betancort.

También desde su partido, Juan Manuel García Ramos acusó al Ejecutivo canario de actuar como un «gobierno subalterno» y no como «adulto» ante el reto de la inmigración. «Después de 18 meses de gobernanza, es incomprensible que Canarias no haya asumido mayor voz y protagonismo en esta materias», y abogó porque el Estatuto de Autonomía avance con celeridad en el traspaso de competencias.