Imagen de una de las concentraciones llevadas a cabo por los temporales e interinos esta semana ante Presidencia. / EFe / Vídeo: Ana sutil

Los temporales están dispuestos a llevar a la Justicia el plan de Iceta

Consideran que la propuesta contiene factores discriminatorios entre colectivos y rechazan concurrir a otros procesos selectivos

B. HERNÁNDEZ Las Palmas de Gran Canaria

La Plataforma Nacional de Temporales e Interinos (PI) denunciará a la Fiscalía Europea y al Tribunal Constitucional el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que el ministro de Administraciones Públicas, Miquel Iceta, ha presentado a Europa para la captación de fondos europeos.

Los trabajadores en situación de abuso de temporalidad en las islas han rechazado la propuesta del ministro que pasa por convocar oposiciones para estabilizar 300.000 plazas en todo el país ocupadas por interinos. Este colectivo, que lleva varios meses en huelga -esta semana han llevado a cabo cuatro días de paro y encierros- consideran que la medida es «desacertada y discriminatoria».

Ante el documento presentado a Europa, los trabajadores señalan que el objetivo es aprobar un plan de choque consistente en modificar el Estatuto Marco para transformar en fijos los contratos temporales a los profesionales que lleven más de un periodo de tiempo ocupando de manera temporal puestos de carácter estructural (pendiente de determinar el periodo de tiempo) y además se simplificará el sistema de selección, pasando de un examen y valoración de currículum, a otro en el que solo se valore el currículum de especialista en Ciencias de la Salud.

Unos 3.000 empleados públicos de la administración general de la comunidad autónoma son interinos o temporales de un colectivo de 11.000 personas, según el Gobierno. Los sindicatos elevan esta cifra a 4.000.

La Plataforma, mediante un comunicado hecho público ayer, valora positivamente la solución que se ofrece a los médicos, «porque es la que todos los empleados públicos en abuso de temporalidad vienen reclamando». Sin embargo, entienden que esta salida de convertir a los trabajadores en abuso de temporalidad en fijos únicamente valorando su currículum debe hacerse extensiva al resto de los afectados. «De no ser así», indican, «se cometería una clara discriminación entre colectivos en la misma situación de hecho, vulnerando por tanto la Constitución española».

En este sentido, detallan que el Plan propuesto por Iceta, en cambio, establece otra solución para los demás afectados. En el documento, el Ministerio alude para el resto de personal público temporal a los procesos de estabilización de empleo contemplados en los Presupuestos Generales del Estado de 2017 y 2018, es decir, a las ofertas de empleo público aprobadas por el ministro del PP, Cristobal Montoro. Al respecto, la propuesta de España dice que «es necesario regular una nueva y última ampliación de los procesos de estabilización en la que se incluyan las plazas estructurales ocupadas temporal e ininterrumpidamente en los tres años anteriores al 31 de enero de 2020». Eso significa, dice la plataforma del personal interino, «obligar a superar nuevamente procesos selectivos a personas que ya accedieron cumpliendo los requisitos impuestos por la administración» y «dado que la administración opera en el respeto de la legalidad no puede ponerse en duda que respetaban los principios de igualdad, capacidad y mérito», indica el portavoz en Canarias, Miguel Quintero.

Este colectivo denuncia que «este hecho es una clara discriminación entre colectivos y la demostración fehaciente de que para unos la fijeza sí puede ser automática, porque han demostrado sobradamente sus méritos y capacidades, y para otros no».

De llevarse a cabo este plan, advierte Miguel Quintero de que los afectados continuarán la vía judicial hasta llegar al Tribunal Constitucional por vulnerar el derecho fundamental a la igualdad por discriminación entre colectivos, e igualmente se denunciará a la Unión Europea por destinar fondos en ofertas de empleo público «que se podrían ahorrar acatando la sentencia del Tribunal Superior de Justicia Europeo y la propia directiva comunitaria». Afirma Quintero que «creemos que a Europa no le hará ninguna gracia que se usen sus fondos en asuntos que encima contravienen sus propias leyes y dictámenes».

empleados públicos de la administración general de la comunidad autónoma son interinos o temporales de un colectivo de 11.000 personas, según el Gobierno. Los sindicatos elevan esta cifra a 4.000.