Imagen de archivo de una de las protestas de temporales de interinos de la adminiasración general. / c7

Sepca rechaza la salida de Madrid a los temporales por «desacertada y discriminatoria»

La Consejería de Administraciones Públicas considera que Madrid le da la razón en este conflicto

B. HERNÁNDEZ Las Palmas de gran Canaria

La decisión del Gobierno central de llevar a cabo oposiciones para convertir en fijas las 300.000 plazas de empleo público que están ocupadas por interinos es «desacertada, discriminatoria -ya que da un trato especial solo a los médicos- y un copia y pega de la propuesta que ya hizo hace años el ministro del PP, Cristóbal Montoro». Así lo sostiene el sindicato Sepca, uno de los convocantes de la huelga -junto con Intersindical y Co.bas- de trabajadores temporales e interinos de la administración general de la comunidad autónoma para reclamar la fijeza en sus puestos de trabajo.

En opinión de su dirigente, Manuel González, la salida planteada por el ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, «no resuelve el abuso de temporalidad» ni tiene en cuenta la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Por eso, los empleados canarios «se mantienen en su decisión de no concurrir a ninguna OPE» sino exigen que se declare su permanencia después de años trabajando para la administración pública. El líder de Sepca apunta además que el Estado se puede encontrar con una avalancha de reclamaciones judiciales porque la competencia para convocar un proceso de estabilidad es de las comunidades autónomas.

Por el contrario, la Consejería de Administraciones Públicas, que dirige Julio Pérez, entiende que Madrid le da la razón en el conflicto que mantiene con estos trabajadores. Desde la Dirección General de Función Pública se señala que la postura adoptada por el Ministerio «demuestra lo que siempre hemos dicho, que le corresponde al Estado buscar una solución».

Agrega este departamento a través de un portavoz que «nos alegramos de que el tema de la temporalidad sea un asunto prioritario para el Estado, como hemos reclamado en múltiples ocasiones».

Asimismo, El Gobierno indica que Canarias «seguirá en la línea de buscar soluciones en el marco de la legalidad vigente, instando al Estado a implementar soluciones comunes a todo el territorio nacional e iguales para todos los colectivos».