Altas tasas de exclusión y pobreza

14/05/2019

Las islas están muy por debajo de la media en indicadores de bienestar social, con muchos hogares que sufren privación material severa y la tasa de atención a dependientes más baja del país. La nueva ley de Servicios Sociales prevé invertir 1.000 millones de euros en doce años.

Los indicadores de bienestar social en Canarias están muy por debajo de la media y en buena parte de los aspectos que lo determinan, como el nivel pobreza, el riesgo de exclusión social o la atención a personas dependientes, los datos sitúan a las islas entre las autonomías más desfavorecidas del Estado.

La nueva Ley de Servicios Sociales que aprobó en marzo el Parlamento canario con la unanimidad de todas las fuerzas políticas pretende ser la herramienta para invertir la situación y mejorar la calidad de vida de los isleños, un objetivo que va a depender en gran medida de su implementación con la necesaria dotación económica.

La carencia de medios económicos entre la población es uno de los factores más alarmantes: el riesgo de pobreza o exclusión social en las islas es del 40,2%, el segundo más alto de España tras Extremadura (44,3%) y muy lejos de la media nacional, que está situada en el 26,6%.

El último informe de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social indica que la desigualdad territorial no solo no se reduce sino que se viene incrementando año tras año desde 2011, especialmente entre las regiones del norte y del sur, con enormes diferencias como los 26,7 puntos porcentuales que separan a Canarias de Navarra, que es la autonomía que marca el mínimo con un 13,5% de riesgo de exclusión.

El informe se basa en el indicador europeo AROPE sobre tres variables: la tasa de riesgo de pobreza, definida por ingresos económicos que no superan el 60% de la media estatal, la baja intensidad del empleo en los hogares y la privación material severa. Las islas también están entre las autonomías con mayor porcentaje de población en situación de pobreza severa, por encima del 9%, junto a Andalucía y la Comunidad Valenciana.

Como consecuencia de estos parámetros, el archipiélago es también el territorio estatal con mayor índice de desigualdad infantil -con un 41,6%, 16 puntos por encima de la media (32,9%) y casi el doble que en la Unión Europea, lo que supone que dos de cada cinco menores canarios, 149.000 niños, viven en riesgo de pobreza por debajo los umbrales de bienestar social.

Las bajas matriculaciones en la etapa infantil y las elevadas tasas de acogimiento familiar, con cuatro puntos más de la media estatal, son también indicadores que reflejan el grado de desigualdad infantil en las islas. Canarias está también entre las autonomías en riesgo de «suicidio demográfico» por sus bajos indicadores de natalidad y ayudas a la familia.

Para paliar las desventajas estructurales, el nuevo REF económico aprobado en las Cortes y en vigor desde noviembre de 2018 establece la obligatoriedad de que el Estado destine una partida específica anual en los Presupuestos para luchar contra la pobreza en las islas mientras los indicadores de exclusión social se mantengan por encima de la media nacional.

No presenta mejor panorama la aplicación de la Ley de Dependencia: Canarias es la autonomía con la peor tasa de cobertura del país en la atención a dependientes, con un ritmo de asistencia insuficiente para cubrir la demanda, que requeriría al menos cuatro años para asistir a las personas que ya tienen reconocida la condición en mayor o menor grado.

Según el estudio del Observatorio de la Dependencia elaborado por la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, Canarias apenas redujo en 2018 la alta tasa de personas desatendidas, la segunda de todo el país con un 29,3 de los valorados como dependientes, pese a que la cobertura aumentó en un 11,44% en relación al año anterior. El informe destaca además que el 80% de las personas a la espera de valoración serán dictaminadas como dependientes.

La reciente aprobación de la nueva Ley de Servicios Sociales, que sustituye a la norma de 1987, es en opinión unánime de todas las fuerzas políticas, uno de los mayores logros de la legislatura que acaba y supone un avance considerable al conceder a cada ciudadano un derecho “universal y subjetivo”. La nueva ley lleva aparejada una ficha financiera de 1.000 millones de euros en doce años y compromete al Gobierno canario a promover un plan contra la exclusión social y a regular una renta básica en el plazo de dieciocho meses.