Inmigrantes en el muelle grancanario de Arguineguín durante el octubre de 2020. / Juan Carlos Alonso

Desestimado el recurso de Mogán sobre los supuestos delitos del muelle de Arguineguín

El juez se ratifica en el auto de archivo de abril asegurando que no hubo voluntad manifiesta de vulnerar derechos

Ingrid Ortiz Viera
INGRID ORTIZ VIERA Las Palmas de Gran Canaria

La Audiencia Provincial vuelve a negar la comisión de los delitos contra la integridad moral y la detención ilegal de los inmigrantes que permanecieron durante meses en el muelle de Arguineguín al ratificar el auto de archivo del Juzgado nº2 de San Bartolomé de Tirajana y aplaudir la labor de la fiscal Teseida García.

El Ayuntamiento de Mogán había presentado un recurso al auto dictado en abril de 2021, insistiendo en las «deplorables condiciones» de hacinamiento y exigiendo responsabilidades. Sin embargo, la Justicia señala que ante la imposibilidad de devolver a sus países de origen a las 6.357 personas que se encontraban supuestamente retenidas –tal y como estipula la Ley de Extranjería– por el cierre de las fronteras, se procedió a una «puesta en libertad formal, que no efectiva». En este sentido, el contexto en el que se desarrollaron los hechos, con un gran volumen de llegadas, la emergencia sanitaria y la ausencia de plazas alojativas, impide al juez ver acto delictivo en la detención ilegal.

Por otro lado, a pesar de que reconoce que las condiciones del campamento eran «lamentables», entiende que las actuaciones de las autoridades administrativas no fueron voluntarias sino que respondieron a una situación de carencia de recursos. «No obedecieron a una arbitraria y manifiesta voluntad de vulnerar los derechos de los inmigrantes, se intentó ofrecer amparo, protección y asistencia, si se quiere insuficiente, pero no había otra alternativa, no era posible prever tan masiva llegada», señala la sentencia. «Adoptar una postura extrema no siempre ha de tener su reflejo penal», concluye.