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El presidente, Ángel Víctor Torres, accedió al Gobierno con un patrimonio declarado que alcanza los 160.917,18 euros, situándose así entre los más bajos de todo el Ejecutivo constituido en junio de 2019, según los datos extraídos de las declaraciones de bienes y patrimonio.
Torres venía de ocupar la Vicepresidencia del Cabildo de Gran Canaria por la que percibía 65.378,78 euros además de las dietas como miembro de la Autoridad Portuaria de Las Palmas -567,23 por asistencia- y del Consejo Insular de Aguas -60,45 euros-, hasta el mes de junio de 2019, fecha en la que firmó la declaración de bienes como diputado.
El presidente posee la titularidad compartida de una vivienda cuyo valor catastral alcanza los 96.612,48 euros. Es de los pocos miembros del Gobierno que no declara deudas, aunque en el formulario del Parlamento consignó un préstamo de 30.000 euros por la adquisición de su vehículo; en junio le quedaban por pagar 2.500 euros. Tiene un seguro de vida o plan de jubilación, según la declaración analizada, de 10.230,29 euros y algo más de 24.000 euros en el banco.
Su contrapunto es la consejera de Agricultura, Alicia Vanoostende, al ser la que mayor patrimonio declara: 1.020.167 euros y la que también presenta una de las mayores solvencias puesto que sus deudas solo representan el 18,83%.
Gran parte de su patrimonio es heredado -611.117 euros- entre el inmueble cuyo valor catastral alcanza los 680.000 euros y posibles dividendos que le han generado un total de 311.167 euros.
El consejero de Administraciones Públicas y portavoz, Julio Pérez, es el otro miembro del Gobierno que declara disponer de 27.860 euros de herencia, parte de los cuales están asignados en su declaración al inmueble cuyo valor catastral se sitúa en los 225.983 euros.
Pérez es el segundo consejero que maneja mayor renta en el Gobierno con 856.613 euros declarados. La mayor parte provienen de los rendimientos generados por el seguro de vida -269.614 euros- y de los dividendos -245.155 euros-.
Sin embargo, el portavoz tiene que afrontar una deuda que representa cerca del 29% de su fortuna.
En este aspecto, destacan la consejera de Derechos Sociales y el consejero de Transición Ecológica.
Noemí Santana accedió al cargo con 311.768,53 euros de deuda de los cuales 146.962,71 euros corresponden a un préstamo hipotecario firmado en 2014. El valor catastral de su inmueble es de 179.634,70 euros. Al declarar un patrimonio de 182.204,82 euros, el pasivo representa el 171,10%.
La insolvencia de José Antonio Valbuena es ligeramente menor -162,91%- aunque su patrimonio declarado también lo es -117.906,11 euros- así como el valor catastral del inmueble -71.823,56 euros-. Sin embargo, sus productos financieros le reportaron 35.546,95 euros.
La consejera de Educación, María José Guerra, supera al vicepresidente en patrimonio. En su declaración de bienes figura un activo de 245.124,61 euros de los que 209,010 euros es el valor catastral del inmueble. Tiene la menor deuda de todo el Gobierno -14.237 euros-.
El también consejero de Hacienda llegó al Ejecutivo con 191.865,05 euros y también con 128.123,77 euros de hipoteca -79,62%-. Posee tres viviendas y dos plazas de garaje en Gran Canaria y declara un valor catastral de 146.282,52 euros.
Román Rodríguez consigna como miembro del Gobierno un seguro de vida que le reporta 15.691,22 euros que, en cambio, no figura en la declaración de bienes que rellenó como diputado.
La renta de la consejera de Turismo, Yaiza Castilla, es la más baja del Ejecutivo, con 41.077,09 euros y una deuda de 33.865,29 euros -82,44%-. Ni ella ni la consejera de Sanidad dicen poseer bienes inmuebles. Teresa Cruz dispone de un patrimonio de 68.500 euros. La declaración de la titular de Economía aún no está publicada.
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