Santiago Pérez alerta sobre «la gravedad constitucional de la actitud contumaz del PP»

El senador autonómico Santiago Pérez advierte sobre la «gravedad constitucional de la actitud contumaz del PP» al bloquear la renovación de los órganos judiciales.

Pérez, que fue elegido senador autonómico a propuesta del Partido Socialista, analiza en un artículo que publica este lunes CANARIAS7 en su edición impresa la situación en que se encuentra el máximo órgano judicial.

En su artículo, Santiago Pérez incluye el siguiente pasaje: «Un quebrantamiento constitucional que contamina de ilegitimidad a los miembros de los órganos constitucionales que debieron «ser reducidos a la condición privada y devueltos a ese cuerpo del que originalmente fueron sacados» (Declaración de Virginia, artículo 5), una vez finalizados los períodos para los que fueron nombrados; pero a los que el PP ha logrado mantener en el pleno ejercicio de las funciones de máximos intérpretes de la Constitución, en el caso del Tribunal Constitucional, o lo logró mientras pudo en las de gobierno de los jueces, en el del Consejo General del Poder Judicial.

Es decir, pudieron seguir ejerciendo el poder de nombrar a los magistrados de los más importantes órganos judiciales o pueden declarar, llegado el caso, la inconstitucionalidad de Leyes o acuerdos de las Cortes Generales. Quienes no tienen ya legitimidad, que siempre descansa en el pueblo «según lo que las leyes ordenen», pueden inclinar la balanza para expulsar del ordenamiento leyes aprobadas por un poder legislativo que sí la tiene; o viciaron en origen el nombramiento de jueces de tribunales que dictan y ejecutan sentencias resolviendo conflictos jurídicos, entre los ciudadanos o entre éstos y los poderes públicos, en los que están en juego derechos y libertades constitucionales.

Quienes siguen o siguieron desempeñando sus funciones como si no hubiera terminado su mandato; o han sido nombrados por quienes ya deben ser meros ciudadanos privados, siguen disfrutando de poder, del terrible poder de juzgar; pero ya no tienen legitimidad para ejercerlo o tienen un problema original de falta de legitimidad. Es la vieja distinción entre potestas y auctoritas presente en la cultura jurídica y política de Occidente desde hace más de dos mil años.

Una distinción, entre quien ejerce una magistratura legítimamente y quien la ejerce carente o con déficit de legitimidad, sobre la que se ha fundamentado un principio muy presente desde muy antiguo la cultura política europea, con versiones de mayor o menor nivel de radicalidad: desde la de Francisco de Vitoria (bajo cuya advocación se constituyó una de las principales asociaciones judiciales), la del derecho subjetivo de resistencia frente a la autoridad ilegal, hasta las de resistencia y deposición presentes en la teoría política de Francisco Suárez. Un principio de resistencia frente al poder no legítimo que fue incorporado en la misma Declaración de Virginia, artículo 3, y como derecho natural e imprescriptible en el artículo 2 de la Declaración de derechos del hombre y del ciudadano de 1789, la de la Revolución Francesa.

La gravedad constitucional de la actitud contumaz del PP es, pues, difícilmente exagerable. Y encima se permiten, un día sí y otro, también acusar al gobierno de querer controlar los órganos constitucionales y atacar la división de poderes.

Menos mal que el PP de Feijóo, Casado, Rajoy y Aznar se proclama 'constitucionalista'. Que Dios nos guarde si no lo hicieran«.

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