El PP pide el cese del director del Imserso por los «desajustes» en las cifras de pensiones

Navarro ha recalcado en la comisión parlamentaria de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud que según los datos oficiales del Imserso del pasado octubre había en Canarias 6.993 personas en lista de espera, y la consejera ha alegado, como hizo meses atrás, que esas cifras no se corresponden con la realidad.

Según los datos de los que dispone la consejería se han resuelto 5.407 solicitudes, la tercera mejor cifra de todas las comunidades autónomas, solo por detrás de Andalucía y Cataluña; las pendientes han bajado de 6.200 que había en diciembre de 2021 a 4.890 el pasado noviembre, y los tiempos de espera se han reducido de 16 a 10 meses.

Santana ha vuelto ha hablar de un «desajuste» achacable al Imserso, que está haciendo «un esfuerzo» para solucionarlo, pero que esto es «más complejo de lo que esperábamos», ha dicho, pues hay que revisar los datos en el histórico, desde 1991, y «eso no es tarea fácil», y ha sugerido que la comisión solicite la comparecencia de Barriga.

Australia Navarro ha resuelto que en esta cuestión «o miente» la consejera o los datos del Imserso «son falsos», en cuyo caso ha propuesto a Santana que exija la destitución de su director general, y que si así fuera tendría el apoyo del PP.

Si se atiende a las cifras del Imserso, ha recalcado la diputada popular, el panorama en Canarias es de «precariedad y desolación entre quienes peor lo están pasando«, sin que haya un atisbo de autocrítica por parte de la consejera.

Noemí Santana ha avanzado que con cargo al plan de choque puesto en marcha por la administración central para reducir las listas de espera se incorporarán en 2023 50 trabajadores más, de los cuales 12 se dedicarán a la tramitación de solicitudes de pensiones no contributivas con el objetivo de resolver 2.500 y que a finales de 2024 la lista de espera sea cero.

En la misma comisión, la consejera ha detallado, a instancias del diputado de Nueva Canarias Luis Campos, los pasos pendientes en la tramitación hasta la aprobación definitiva del catálogo de servicios y prestaciones sociales, tras el «amplio consenso» alcanzado en el Consejo General de Política Social.

Una vez que ha sido remitido al área de Planificación y Presupuestos y a la Viceconsejería de Régimen Jurídico, estos deben elaborar sendos informes que se elevarán al Consejo de Gobierno para su aprobación definitiva, y posteriormente enviarlo al Consejo Consultivo para que emita su informe.

La diputada del Grupo Nacionalista (CC-PNC-AHI) Cristina Valido ha criticado que se celebrara semanas atrás la aprobación definitiva de dicho catálogo cuando quedan pendientes estos trámites y no dispone de ficha económica y financiera, y si tal y como se ha comprometido la Consejería, el documento podría sufrir variaciones.

Noemí Santana ha recalcado que el documento que aprobó el Consejo General de Política Social está cerrado, aunque se trata de un «documento vivo», pues el periodo de alegaciones de dos meses que se dieron todas las partes ya concluyó, y fue precisamente lo que propició que los plazos se hayan alargado más de lo previsto, en pro del mayor consenso posible.

También a instancias de Cristina Valido, la consejera ha detallado que la ejecución presupuestaria del segundo plan de infraestructuras sociosanitarias está en estos momentos en un 42,11%, es decir, que el Gobierno ha desembolsado a los cabildos 67,8 de los 161 millones de euros previstos.

Y, por último, ha concretado que el número de solicitudes de revisión de programas individuales de atención (PIA) de dependencia asciende a 785 en Gran Canaria y a 815 en la suma de La Palma, Tenerife y El Hierro.

No hay revisiones pendientes en Lanzarote, Fuerteventura ni La Gomera.