«Los resultados de nuestra buena gestión se van viendo poco a poco»

- Sí. De hecho, en la mayoría de los parámetros que maneja la consejería hemos mejorado. Algunos no dependen de nuestra gestión directa, como el riesgo de pobreza, que requiere un trabajo transversal. A nadie se le escapa que hemos tenido una crisis sanitaria que ha afectado a nuestra economía y eso revierte en que más gente esté en situación de vulnerabilidad. Los avances se van viendo poco a poco pero los hay y seguimos trabajando para conseguir que los servicios sociales sean el cuarto pilar del Estado de Bienestar.

- A pesar de esos avances, el CES les ha exigido mayor eficacia en Dependencia.

- Nosotras entendemos que las declaraciones que hizo el presidente que estaba en el CES no estaban basadas en hechos sino en su valoración personal. Los datos están ahí: el único que se ha empeorado en esta área es el tiempo de espera y ya hemos explicado el porqué. Había 5.000 expedientes olvidados en cajas de personas que llevaban entre cuatro y seis años esperando sin siquiera haber sido dadas de alta en el sistema. Al incluirlas y devolverle los derechos que el anterior Gobierno les había quitado, sube la media de espera.

-¿Dónde está ahora el atasco, en la gestión o tramitación?

-En la valoración de grado de dependencia, primeramente, aunque hemos incrementado el número de expedientes que se gestionan. Pero el verdadero atasco está en que cuando los resolvemos, lo que se piden son prestaciones residenciales y en Canarias hay una gran falta de camas sociosanitarias. Calculamos que harían falta unas 9.000 más, lo que demuestra que el plan sociosanitario que CC se encargó de vender a bombo y platillo no ha funcionado. Con nuestro Gobierno sí que están saliendo adelante y además se va a invertir 200 millones de euros a través del plan 'Canarias te cuida' tanto para plazas en los macrocentros como para un nuevo modelo de cuidados que contempla el cohousing, edificios intergeneracionales o el refuerzo y modernización de la atención domiciliaria.

-¿Cómo han asumido la dimisión de Miguel Montero de la dirección general?

-Él decidió marcharse al no cumplir con el objetivo personal que se había marcado de 5.000 altas y para mí es un gesto que le honra y que no es habitual en política. Nosotras le agradecemos y estamos orgullosas del trabajo que ha hecho porque creemos que se han puesto las bases para arreglar los problemas que llevan 30 años enquistados en esta área.

-Ha sorprendido la elección de la socialista Marta Arocha como sustituta. ¿Por qué ella?

-Ha sido una elección personal aprobada dentro del seno de Podemos y creo que es un nombramiento que demuestra que nos interesa tener a los mejores, no a quienes tengan el carné del partido. Valoramos muchísimo a Marta Arocha porque ha tenido los mejores resultados en la historia de Dependencia en el archipiélago. Lo que me importa es el interés de la población y tener a alguien que sepa gestionar, y espero que ese pensamiento empiece a ser el habitual.

-Ha habido declaraciones que apuntaban más a una estrategia política porque no sentían el apoyo del Gobierno.

-Yo sí creo que ha apostado por mejorar el ámbito de la Dependencia. Es verdad que en el anterior presupuesto la Consejería de Derechos Sociales se quedó tal cual y era insuficiente para contratar más personal, aumentar las prestaciones, etc. Este año el Gobierno se ha volcado en mayor medida: crecemos más del doble y somos la tercera con más presupuesto, solo por detrás de Sanidad y Educación, cosa que agradezco a nuestros socios.

-¿Qué diagnóstico haría actualmente del pacto?

-Creo que el pacto se va a mantener. Se está haciendo un gran trabajo que está siendo valorado por la ciudadanía y así lo demuestran las encuestas. Vamos a seguir para que la gente vea que ese cambio que se ha dado en el Gobierno ha sido útil para revertir una situación en la que se encontraba Canarias. Nosotras estamos cómodas con nuestros socios de gobierno, aunque por supuesto tenemos diferencias, pero lo importante es que mientras muchos agoreros decían que no íbamos a durar ya estamos casi agotando la legislatura y tenemos un pacto fortalecido y bien avenido.

-Mencionaba antes el incremento del presupuesto para 2022. ¿Cree que será suficiente para cumplir sus objetivos anuales?

-Cualquier dinero invertido en Derechos Sociales es poco. Valoramos mucho ese incremento pero hay que seguir ahondando para fortalecer el área social. Tenemos una Ley de Servicios Sociales que ahora mismo es de las más avanzadas del Estado y estamos implementándola a través del desarrollo del catálogo de servicios o el decreto ley de concertación social. Tenemos varias cosas pendientes pero otras van saliendo, como la Ley de renta de ciudadanía. Estamos cumpliendo con los objetivos marcados y hace falta un refuerzo económico para que una vez aprobadas estas herramientas tengan suficiencia económica.

-Es cierto que la Ley de la renta para la ciudadanía está a las puertas de su tramitación en el Parlamento, pero ha costado años. ¿A qué se ha debido tanto retraso?

-Como Gobierno, nosotros hemos cumplido con los plazos marcados. Salió de nuestra consejería al año de llegar, que fue lo que tardamos en redactarla, y luego la pusimos a disposición de todos los filtros que debía pasar. Esos procedimientos no nos los podemos saltar y es lo que ha hecho que se retrase. Lo que va a ser una buena noticia es que solo queda el último paso, que es el Parlamento, y esperamos que no lleve más de dos o tres meses en materializarse. El cálculo, que no depende de nosotros, es que pueda implementarse a mitad de año.

-La propuesta, sin embargo, cuenta con la crítica de los colegios de trabajadores sociales, que dicen que es una PCI mejorada, pero no va más allá.

-PCI mejorada ya tenemos porque hemos hecho cuatro reformas que nos ha permitido llegar a más gente, que las familias con menores puedan cobrar más cuantías, que se pueda agilizar la solicitud y gestión, que no sea temporal... Si la ambición de los colegios es una renta básica universal, también es la de Podemos, pero estamos en Gobierno cuatro socios. La obligatoriedad que tiene el Gobierno tanto a través de la Ley de servicios sociales como a través del Estatuto de Autonomía es garantizar una renta mínima. Seguiremos luchando por tener una renta básica pero no es lo que piensa la mayoría del Parlamento, desgraciadamente.

-Hablando de garantías, una última cuestión. ¿Teme que la presión en los centros de menores impida una atención adecuada?

-Seguimos luchando para que haya un reparto corresponsable entre el resto de comunidades. La realidad es que Canarias ha llegado casi al límite de su capacidad y si bien distintas entidades nos han puesto de ejemplo como modelo de gestión de los menores tutelados, a más presión se va perdiendo calidad y es lo que no queremos. También hay un cierto equilibrio en las cifras porque muchos van cumpliendo la mayoría de edad, lo que nos lleva a otro problema, que es no poder seguir acompañándolos.